La Federación de Asociaciones Cannabicas (F.A.C), es la única federación de asociaciones que representan los derechos de usuarios, cultivadores y simpatizantes del cannabis. Su nuevo presidente Martí­n Barriuso recordó al PSOE el apartado de su programa electoral donde se asegura que las polí­ticas sobre drogas se harán "siempre contando con los sectores afectados", por lo que urgió a un encuentro a Carmen Moya, responsable del Plan Nacional Sobre Drogas, así­ como a los miembros de la comisión mixta Congreso- Senado dedicada a las drogas. "En estos momento la FAC es el interlocutor válido para dialogar con el gobierno en busca de una solución al déficit democrático que sufrimos los usuarios del cannabis, somos ciudadanos dotados de unos derechos que se están ignorando. Si el PSOE tiene alguna intención de intentar cumplir lo que prometió en su programa electoral debe empezar a contar con los usuarios y sus derechos en la polí­tica de drogas" demandó Barriuso. El presidente de la FAC se quejó de la falta de dialogo y talante del gobierno con un colectivo que agrupa a millones de ciudadanos y anunció: "los usuarios de cannabis queremos buscar el dialogo y la propuesta constructiva pero nos encontramos las puertas cerradas, eso no nos impedirá avanzar, en breve lanzaremos una campaña de desobediencia civil a esta situación injusta y degradante. Si no nos queda otra salida tendremos que actuar a hechos consumados".

Dado que tanto el Ministro del Interior, José Antonio Alonso, como el Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, son firmantes del manifiesto de Málaga, al que la FAC también se adhiere, los usuarios de cannabis aprovecharon la ocasión del 15º aniversario del manifiesto de Málaga por una nueva polí­tica sobre la droga, para enviarles públicamente la propuesta de Málaga. Solicitan que mientras se impulsan las medidas propuestas en el manifiesto, al menos cesen las extralimitaciones y aplicaciones arbitrarias, de forma que los usuarios de cannabis no sean tratados como ciudadanos de segunda y se respeten sus derechos. En este sentido Barriuso señaló: "la policí­a arranca las plantas, pero los jueces absuelven una y otra vez a los que cultivan para su consumo, los usuarios se hallan en una situación de inseguridad jurí­dica que debe detenerse con urgencia". Esta inseguridad jurí­dica se expresa también por la aplicación masiva de la ley de seguridad ciudadana a los sospechosos de ser usuarios de cannabis, en este sentido el presidente de la FAC expuso: "Cuando el PSOE estaba en la oposición votó dos veces a favor de reformar la ley de seguridad ciudadana en lo referente al cannabis, ahora que tiene capacidad de cumplir lo prometido, mientras se inicia el proceso de reforma de la ley, deberí­a ordenar en este mismo momento que cesen las aplicaciones incorrectas y las violaciones de los derechos de los usuarios".

Por último Barriuso analizó los aumentos en el consumo de cannabis: "estas estadí­sticas demuestran el fracaso absoluto de la polí­tica prohibicionista, la solución a este problema no puede ser más de una receta que ha demostrado ser errónea" explico.

RESUMEN DE LA PROPUESTA DE MÁLAGA

La propuesta de Málaga surge a raí­z de un estudio legal de la asociación malagueña ARSECA, fundadora de la FAC. Este informe resume las últimas 35 detenciones de cultivadores asociados a la ARSECA por presunto delito contra la salud pública. Se trata de ciudadanos de variada condición, con variopintas ocupaciones como trabajadores sociales, empresarios, albañiles, amas de casa, pensionistas o funcionarios. Ninguno de ellos tení­a antecedentes penales o policiales por delitos contra la salud pública, a excepción de aquellos cultivadores que han sido detenidos en varios años, en cuyo caso tení­an antecedentes policiales pero no penales.

De estos cultivadores, 9 se encuentran actualmente en espera de juicio o de conocer si van a ser acusados o no por el Ministerio Fiscal. De los otros 26, 7 han visto archivadas sus causas sin necesidad de juicio. En los 19 casos en que sí­ se produjeron los correspondientes juicios, 18 acusados fueron absueltos en primera o segunda instancia. A pesar de que sus casos se archivan y son declarados una y otra vez inocentes, estos ciudadanos son detenidos y juzgados, las plantas que necesitan para su consumo se arrancan, además de sometérseles a la desagradable de experiencia de pasar por banquillos y calabozos. En paralelo, el gasto de dinero público es demencial: fuerzas y cuerpos de seguridad, jueces, fiscales, secretarios judiciales, funcionarios, técnicos de sanidad, médicos forenses, abogados y procuradores de oficio, etc. Y todo ello, como hemos visto, para al final decir en más del 95% de los casos que esa conducta no es delito.

Tanto la jurisprudencia del TS como las numerosas sentencias de las Audiencias Provinciales y Juzgados de lo Penal así­ como muchas resoluciones de los Juzgados de Instrucción son unánimes en considerar que el cultivo de marihuana para el propio consumo es una actividad impune. La explicación es sencilla: si desde el ámbito del derecho penal no se castigan conductas consistentes en el propio consumo, o en el abastecimiento para ese consumo, cultivar marihuana para conseguir el producto que se consume no es un delito. Por ello, se absuelve o no se dirigen acusaciones contra los consumidores que prueban que la marihuana que obtuviesen de su cultivo estaba destinada solo a su consumo en el perí­odo de un año, que se corresponde con el ciclo biológico del cannabis que se cosecha solo una vez al año.

Asimismo los usuarios, denunciaron el trato inhumano y degradante al que se les somete. A salvo los supuestos en los que se esté consumiendo sustancia alguna en un lugar público, las multas por tenencia de cannabis van precedidas, necesariamente, de unos registros y cacheos desproporcionados y vejatorios en relación al fin que se quiere conseguir: desnudos integrales en la ví­a pública, examen minucioso de las pertenencias í­ntimas de los "sospechosos", etc.. Consideraron desproporcionadas estas actuaciones policiales que, a la postre, conducirán en el mejor de los casos a una sanción administrativa. Opinión en la que FAC coincide con lo dictaminado por varios Juzgados de lo Contencioso-administrativo y Tribunales Superiores de Justicia.

En una imaginaria balanza en la que se encontrara, por un lado, la actuación policial y, de otro, la garantí­a de los derechos fundamentales de los ciudadanos (derecho a la intimidad o derecho al honor, a modo de ejemplo), el justo equilibrio no se haya en la vulneración de estos derechos fundamentales que provocan tantas y tantas actuaciones policiales.

Por todo ello, en representación de los consumidores y cultivadores de cannabis de España, la FAC urge en la propuesta de Málaga al:

– Cese inmediato de actuaciones indiscriminadas consistentes en la incautación de plantas y detención de los cultivadores, cuando el único dato existente sea precisamente ese cultivo.
Si se produce la intervención policial o la autorización judicial para la entrada y registro que no se corten las plantas y no se destruyan las mismas hasta que, previo análisis fundado por el juzgado instructor, se adviertan indicios de la posible comisión de un delito.

– Cese inmediato de los arbitrarios y degradantes cacheos indiscriminados cuyo fin sea sancionar la tenencia de drogas.

En resumen, un tratamiento desde los poderes públicos que sea equiparable, al menos, con el nivel mí­nimo de protección de derechos fundamentales y seguridad jurí­dica que pueda ostentar cualquier ciudadano de esta sociedad.