Entre los peores momentos de la falta de respeto hacia los derechos humanos, el informe destaca la muerte de 16 jubilados en huelga de hambre, el asesinato de la lí­der indí­gena, Marí­a Lalvay, en el municipio de Nabón, el asesinato del ambientalista Angel Shingre, el atentado sufrido por el presidente de la Confederación Nacional de Indí­genas, Leonidas Iza, entre otros.

Según el documento, la persecución a los opositores del gobierno es un punto a ser combatido. El hecho se dio de forma muy clara a través de una lista con nombres y entidades elaborada por la asesorí­a presidencial. En la llamada -lista negra- están periodistas, deputados, lí­deres sindicales, coordinadores de organismos no gubernamentales, partidos, instituciones.

La situación de la base estadounidense de Manta, ubicada en el territorio ecuatoriano, también es citada. Según afirma, desde los años 90, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos vienen reduciendo su personal militar y contratando a soldados de compañí­as privadas como la Dyn Corp. Hay datos de que esa compañí­a está involucrada en el tráfico de drogas y de mujeres, pero el gobierno no ha tomado ninguna providencia.

En otra parte, el informe lleva en cuenta las personas con discapacidades y la situación sigue igual. La discriminación aun es frecuente y los í­ndices de empleo no son nada animadores. El 81% de los ciudadanos discapacitados carece de trabajo y el 58% no accedió a la educación.

Según la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Fí­sica, Ecuador tiene uno de los í­ndices más altos de discapacidades debido, fundamentalmente, a la falta de programas nacionales adecuados de aplicación y control sobre uso de sustancias tóxicas, accidentes de tránsito, laborales y domésticas; mala nutrición; falta de atención al embarazo, entre otros.

Ante este panorama, las entidades afirman que las infracciones cometidas durante el gobierno del presidente Lucio Gutierrez fueron mucho graves. Las informaciones, agregan, muestran que la vida y la integridad de los ecuatorianos, en muchos casos, no fueron respetadas por el uso excesivo de la fuerza. Y que el Estado no cumple con su deber de garantizar los derechos y penalizar los responsables por los crí­menes.

Las organizaciones elencaron varias recomendaciones a las autoridades, como el cumplimiento de la Constitución Polí­tica y la eliminación de las Cortes Policiales y Militares y los fueros especiales, ya que contribuyen a violaciones de los derechos ciudadanos y la impunidad.

Piden aun que el Congreso Nacional designe al Defensor del Pueblo el pleno respeto al Estado de Derecho, a la democracia y a los derechos humanos expresados en el orden constitucional.

El informe fue elaborado y presentado por la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (Aldhu), Asamblea Permanente para los Derechos Humanos (APDH), Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), Centro de Documentación en Derechos Humanos Segundo Montes Mozo (CSMM) y el Servicio Paz (Serpaz).