Son varios los factores que obstaculizan la reparación a estas ví­ctimas, entre ellas la negación de los sucesivos gobiernos de casos de tortura, la duración de los procesos, los indultos, el mantenimiento del régimen de incomunicación, la falta de criterios para valorar las indemnizaciones por delitos de torturas y malos tratos, la subestimación de daños ocasionados por la tortura y los malos tratos y la falta absoluta de ayudas gubernamentales.

Según el documento presentado hoy en Madrid, Barcelona y Vitoria simultáneamente, en España no se están protegiendo debidamente los derechos de las ví­ctimas de tortura y malos tratos a una reparación justa y adecuada, tal como exigen las normas internacionales de derechos humanos.

Estas conclusiones no se extraen de testimonios de ví­ctimas ni de abogados defensores ni de organizaciones sociales, sino del análisis de 450 sentencias dictadas entre los años 1980 y 2004 por tribunales españoles, de las cuales se han examinado en profundidad 95 en las que se ha probado la comisión de tortura o malos tratos. La mayorí­a de ellas son firmes y condenatorias, aunque en algunos casos los responsables finalmente son absueltos por prescripción, por no haber sido identificados los culpables directos o por haberse absuelto a los responsables indirectos por distintos motivos.

"La duración de los procesos por tortura y malos tratos es excesiva. La mayorí­a de las ví­ctimas de la amplia muestra de sentencias analizadas por Amnistí­a Internacional han tenido que esperar más de 7 años desde el momento en que ocurrieron los hechos para acceder a una indemnización", asegura Esteban Beltrán director de Amnistí­a Internacional en España.

Del total de sentencias firmes del Tribunal Supremo analizadas, aproximadamente, el 40% corresponde a procesos que han durado entre 5 y 10 años; el 27% entre 10 y 15 años y un 16% entre 15 y 20 años. Sólo el 16% de las sentencias recabadas para este informe se han obtenido tras procesos de menos de 5 años. Las mayores dilaciones se dan en los casos de tortura o malos tratos denunciados por personas detenidas en el marco de la investigación de "delitos de terrorismo".

Impunidad de hecho para los funcionarios
Igualmente, condenados por delitos de tortura y malos tratos se han beneficiado de indultos y agentes condenados o con procesos pendientes, han continuado ejerciendo su labor en puestos que exigí­an protección de los derechos humanos o incluso han sido premiados. Además, durante años se han concedido varios indultos a condenados por delitos que constituyen tortura y malos tratos, circunstancia de la se han beneficiado incluso funcionarios reincidentes.

Por otro lado, de las sentencias examinadas solamente 5 de Audiencias Provinciales y 11 del Tribunal Supremo han impuesto condenas mayores que el mí­nimo establecido en España para el ingreso en prisión.

Ausencia de reparación para las ví­ctimas
En cuanto a los criterios que emplean los tribunales para calcular el importe de la indemnización a las ví­ctimas, Amnistí­a Internacional lamenta constatar que no parecen garantizar la reparación de todos los daños causados, materiales e inmateriales. Los jueces, al fijar las indemnizaciones, toman como instrumento orientativo el baremo de la Ley de Uso y Circulación de Vehí­culos de Motor. Una norma en la que no se tienen en cuenta los daños morales infligidos a las ví­ctimas. Por ello, entre los casos examinados por la organización casi al 80% de las ví­ctimas les ha correspondido una indemnización inferior a 3.000 euros. Pero lo más significativo es que aproximadamente al 30% se les han concedido cantidades inferiores a 600 euros, después de largos años de espera.

– Es preocupante que a pesar de que las torturas o malos tratos han resultado probados en el juicio, muchas ví­ctimas no obtienen indemnización alguna-, continúa Esteban Beltrán.

A la organización también le preocupa que no se hayan hecho esfuerzos por conceder algún tipo de reconocimiento público a las ví­ctimas de tortura y malos tratos. Amnistí­a Internacional afirma que no hay en España instrumentos de ayuda gubernamentales a los que puedan acceder las ví­ctimas de forma inmediata y efectiva para obtener resarcimiento por el daño sufrido y los medios para una rehabilitación lo más completa posible. En la mayorí­a de los casos, la única reparación que reciben estas ví­ctimas de graves violaciones de los derechos humanos es la indemnización que otorga el juez en sentencia.

Falta de voluntad polí­tica
Aunque la organización manifiesta que la tortura no es sistemática en España, sí­ es cierto que se reciben denuncias frecuentes y creí­bles. Especialmente se ha documentado cómo aumentaban las denuncias de detenciones ilegales y malos tratos con componente racista, especialmente a ciudadanos extranjeros.

De hecho el informe denuncia esta falta de voluntad polí­tica para enfrentar la tortura al resaltar que cuando el estado es responsable subsidiario, en vez de hacer frente a sus obligaciones de manera inmediata, el estado suele recurrir las sentencias y en los contados casos en que el gobierno español ha pagado indemnizaciones ésta ha llegado en ocasiones hasta 15 años después de ocurridos los hechos que motivaron la denuncia

Todos los gobiernos en España han tendido a negar la existencia de casos de tortura. En cuanto a los detenidos en régimen de incomunicación, atribuyendo las denuncias a una estrategia de los detenidos para minar la credibilidad de las autoridades; y en el caso de tortura y malos tratos a minorí­as étnicas, negando que se trate de una práctica extendida y con un componente racial. Estas preocupaciones también fueron expresadas, entre otros mecanismos europeos y de Naciones Unidas, a comienzos de 2004 en el informe del Relator Especial sobre la Tortura de Naciones Unidas tras una visita a España, en la que expresaba numerosas preocupaciones sobre la tortura en España, los factores que generan impunidad efectiva y la falta de reparación justa a las ví­ctimas. El Gobierno ignoró este informe afirmando que "contiene importantes errores fácticos", así­ como que "no muestra la imparcialidad propia de su cargo" y que "no es un diagnóstico fundado de la realidad española".

Recomendaciones de Amnistí­a Internacional
Para erradicar la tortura en España, Amnistí­a Internacional considera indispensable que exista voluntad polí­tica para prevenir que se cometa el delito, para encausar a los presuntos responsables y para garantizar a las ví­ctimas la reparación más completa posible. En este sentido la organización ha incluido 23 recomendaciones en este informe dirigidas al Parlamento, Gobierno, autoridades judiciales, Fiscal General del Estado y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

La principal recomendación es la adopción de medidas legislativas y de otra í­ndole con dotación presupuestaria para garantizar que las ví­ctimas de torturas y malos tratos puedan acceder a una reparación completa.

AI reconoce también en el informe que muchas veces muchos funcionarios se enfrentan a diario a situaciones peligrosas y en ocasiones demuestran un gran valor y generosidad en el desempeño de sus tareas. Las autoridades deben prestarles todo su apoyo cuando es así­, al tiempo que deben transmitir el mensaje claro de que otros comportamientos, como la comisión de torturas y malos tratos, no serán tolerados.