Las medidas contempladas por estos proyectos de Decreto, junto a la inadmisible y escandalosa subida del precio medio de la vivienda protegida llevada a cabo por el gobierno de Esperanza Aguirre, son medidas que parecen ir más dirigidas al interés de los promotores inmobiliarios privados que al de los ciudadanos madrileños realmente necesitados de ayuda para acceder al mercado de la vivienda.

En este sentido, el Grupo Sindical ha rechazado de plano el Informe aprobado en el CES, respaldado por el grupo empresarial y los "expertos" de la presidenta regional. CCOO y UGT en un voto particular han plasmado los aspectos que consideran especialmente criticables:

– La creación de una nueva figura, la Vivienda de Protección Pública de Precio Limitado (VPPL), cuyas caracterí­sticas y precio tienden al mercado de la vivienda libre, al permitir y pretender dar salida con mayores ganancias para los promotores privados a los suelos destinados a vivienda protegida por el planeamiento urbaní­stico.

– La falta de actuaciones reales en materia de mejora e impulso del mercado de alquiler de viviendas nuevas y de segunda mano.

– La creación de la figura del alquiler con opción a compra (más que "opción", "obligación", en la medida en que si no se ejerce la opción se pierden las cantidades entregadas a cuenta durante siete años), que no es sino una simple venta diferida a un precio que dobla el que se derivarí­a de la simple aplicación del módulo.

CCOO y UGT, a través de sus portavoces Jaime Cedrún, de CCOO del Grupo Sindical y vicepresidente del CES, y Jesús Torres, portavoz de UGT, reiteran la exigencia de abordar el problema de la vivienda a través de un Pacto Social consensuado con todos los agentes sociales y económicos. Sólo así­ se podrán definir y adoptar polí­ticas capaces de dar respuesta urgente a uno de los primeros problemas sociales de la región.