Con este propósito de celebrar el 3 de diciembre de 2004 con una especial consideración hacia la familia, el movimiento social de la discapacidad articulado en torno al CERMI hace público el siguiente

MANIFIESTO

1. La familia tiene una importancia esencial en la realidad de la discapacidad. La familia ha venido asumiendo la función de asegurar la cohesión y la protección de sus miembros más vulnerables, representando un papel clave en el proceso dirigido a garantizar la protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Si la discapacidad, en su proceso de socialización, tiene una expresión, ésa es la familiar.

2. Históricamente, la protección jurí­dica, social y económica de la familia no ha sido todo lo intensa y amplia que una institución tan trascendente para la articulación social como es la familiar precisa. Las familias en cuyo seno hay personas con discapacidad necesitan más protección para garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación de sus miembros.

3. Una familia bien apoyada e informada es un aliado importante a la hora de garantizar la protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad, que han de ser encauzadas hacia una vida independiente y un completo desarrollo humano. Por el contrario, una familia mal informada puede constituir un serio obstáculo al pleno disfrute de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Aspectos como los de género, han de ser tenidos en cuenta para impedir que las familias sean un medio para perpetuar los estereotipos, restricciones y limitaciones que soportan las niñas y mujeres con discapacidad.

4. Desde el movimiento asociativo de la discapacidad representado por el CERMI, no podemos dejar de poner de manifiesto la insuficiencia de servicios adecuados y escaso o nulo apoyo a la familia-asistente en el proceso de la discapacidad, lo que origina a medio plazo problemas añadidos a los de la discapacidad en su interacción con un entorno generalmente hostil. En este sentido, en las polí­ticas de familia que desarrollan los distintos poderes públicos se echa en falta una consideración especí­fica respecto de las familias que tienen en su seno a miembros en quienes concurre una situación de discapacidad, que deben ser devueltas a un plano de igualdad, partiendo de la situación desfavorecida de partida que viven.

Comprobada la todaví­a muy insatisfactoria respuesta social a la realidad de las familias con personas con discapacidad en España, y concretamente en la Comunidad Autónoma, se impone la necesidad de impulsar un cambio en el esquema tradicional de atención, desde los poderes públicos y la sociedad, hacia este hecho. Este cambio de esquema, para todo el sector representado por el CERMI, deberí­a seguir estas orientaciones:

1. Desde el sector social de la discapacidad se hace un llamamiento a los poderes públicos y a las organizaciones que integran el movimiento asociativo de la discapacidad para que se apoye la promoción de actitudes positivas hacia las familias de personas con discapacidad y se contribuya a sensibilizar a las familias hacia la realidad de la discapacidad, con vistas a garantizar la protección y promoción de los derechos de las personas con minusvalí­a fí­sica, intelectual y sensorial.

2. Las autoridades públicas deben establecer medidas adecuadas a las necesidades de las familias, que permitan a éstas organizar el apoyo a las personas con discapacidad de la forma más integradora y normalizadora. Estas medidas deben constituir una auténtica y ambiciosa polí­tica de apoyo a la familia, que refuercen su posición y la de sus miembros en el entramado social. En esta renovada polí­tica familiar se tendrán en cuenta, como factor de atención prioritaria, la concurrencia de situaciones de discapacidad, pues las familias en cuyo seno hay personas con discapacidad necesitan más protección para garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación de sus miembros.

3. El CERMI solicita de los poderes públicos que en el desarrollo de sus polí­ticas de protección a la familia recojan el mandato de la reciente Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, que en su artí­culo 8,3 dispone que los poderes públicos, en el marco de la polí­tica oficial de protección a la familia, adoptarán medidas especiales de acción positiva respecto de las familias con miembros con discapacidad. En el desarrollo de esas polí­ticas, se deben tomar en consideración las propuestas de acción incluidas en el Plan del CERMI para la protección de las familias con personas con discapacidad, que no pretende sino completar las polí­ticas generales de familia desde la perspectiva de las necesidades y demandas más perentorias de las familias con personas con discapacidad en su seno.

4. Las medidas de acción positiva en favor de todas las familias y en especial de aquéllas que tienen personas con discapacidad deben constituir y tener el rango de auténticos derechos, con las notas tí­picas de universalidad, exigibilidad por parte de los ciudadanos, vinculación para los poderes públicos, calidad en las prestaciones y equidad territorial.

5. La Administración autónomica y local, por su cercaní­a a los ciudadanos, están llamadas a desempeñar un importante papel en el apoyo y protección a las familias con personas con discapacidad en su seno. La Comunidad Autónoma de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y las Corporaciones Locales madrileñas no sólo deben establecer medidas de acción positiva directa, sino también elaborar y desarrollar polí­ticas que eviten la generación o la perduración de entornos discapacitantes, hostiles o discriminatorios para las personas con discapacidad.

6. La regulación de las llamadas situaciones de dependencia representa el gran asunto de la polí­tica social en estos momentos y de la respuesta que demos a ese desafí­o dependerá la calidad, la equidad y la viabilidad de nuestro sistema de protección social. Las personas con discapacidad y sus familias son uno de los grupos sociales más directamente concernidos por lo que se haga en materia de atención a la dependencia; que no debe ligarse ni enfocarse unilateral y exclusivamente desde la perspectiva del envejecimiento de la población o de las personas mayores. En este sentido, las familias desempeñan una función esencial en la garantí­a de unos mí­nimos de bienestar y cohesión social en nuestra comunidad. El dispositivo de apoyos a la vida activa e independiente de las personas con discapacidad ha de desplegarse a través de sistemas eficaces y globales, que respeten la capacidad de decisión y elección de los usuarios respecto de los servicios y atenciones que tengan derecho a recibir.

7. Mención especial merece la situación de las familias en las que ambos o alguno de los progenitores son personas con discapacidad. Desde el CERMI creemos necesario denunciar la situación de discriminación de la que el progenitor con discapacidad fí­sica, intelectual y sensorial puede ser objeto en muchos casos, que le impide el pleno disfrute de su derecho a ser parte integrante y activa del núcleo familiar en igualdad de condiciones que los demás miembros de la familia. Asimismo, los poderes públicos deberí­an tener en consideración la especial situación de estas familias.

8. Las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus familias deben participar activamente en el diseño, desarrollo, aplicación y seguimiento de las polí­ticas públicas de familia. A este fin, los diferentes poderes públicos ( autonómico y local) crearán órganos de participación, abriendo sus polí­ticas de familia a la sociedad civil articulada, que debe ser cotitular del proceso.

COMITÉ DE ENTIDADES DE REPRESENTANTES DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA
COMUNIDAD DE MADRID