En primer lugar mostramos nuestro desacuerdo con el proyecto del actual Gobierno de unir la Ley de Dependencia con la Ley sobre la Tercera Edad, una medida a todas luces inconveniente y que significa un retroceso más en cuanto al reconocimiento de derechos de las personas con discapacidad y la cobertura que el Estado debe dar.

Este proyecto está en sintoní­a con la polí­tica del antiguo gobierno: en el año 2003 hizo un cambio de baremación de las discapacidades y, así­, de un plumazo, logró que desapareciera 1 millón de discapacitados con derecho a prestaciones. Eso sí­, esta medida se acompañó de una campaña de desinformación puesto que lo que se vendió fue el 100% de prestaciones"¦ a quienes alcanzaran el 65% de discapacidad"¦ obviamente, la mayor parte de las personas con problemas de minusvalí­as no alcanzan este porcentaje.

Asimismo, otra injusticia palmaria es que la Seguridad Social no se ha puesto al dí­a de los avances tecnológicos que podrí­an disfrutar los discapacitados: por ejemplo, sólo cubre las sillas de ruedas manuales, conseguir las automatizadas es en extremo difí­cil y sólo se otorgan en función de la discapacidad que se padezca.

Por último recordar que el Estado español está a la cabeza de la Unión Europea en cuanto a incumplimiento de normativa sobre integración del colectivo.