La advertencia de la organización se produce cuando están a punto de reanudarse las conversaciones sobre Darfur la semana que viene en la capital nigeriana, Abuja, y las conversaciones de paz entre el norte y el sur celebradas en Naivasha, Kenia, entran en su recta final, ya que al concluir el año termina el plazo establecido para alcanzar un acuerdo.

– Los mediadores de estas conversaciones de paz deben ir más allá del simple reparto de poderes y los acuerdos económicos y ocuparse de las legí­timas reivindicaciones de justicia de los millones de ví­ctimas de graves abusos contra los derechos humanos. El paí­s sólo podrá empezar a superar la crisis actual y alcanzar una paz duradera e incluyente si se establece una infraestructura independiente y transparente- ha señalado Erwin Van Der Borght, director adjunto del Programa Regional de Amnistí­a Internacional para África.

En el informe que Amnistí­a Internacional publica hoy 2 de diciembre de 2004, titulado Sudan: No one to complain to: No respite for the victims, impunity for the perpetrators (Nadie a quien quejarse: Las ví­ctimas no descansan mientras que los perpetradores disfrutan de impunidad), Amnistí­a Internacional describe la privación de justicia y la falta de protección frente al homicidio, la tortura, la violación y el desplazamiento que padecen cientos de miles de personas en Darfur, que contrastan agudamente con la impunidad generalizada de que disfrutan los responsables de dichas violaciones de derechos humanos y la polí­tica de incorporarlos a las fuerzas de seguridad del Estado.

Informé a la policí­a del asesinato de mi hermano, pero me dijeron que fuera a ver a las fuerzas armadas. Así­ que fui al servicio de Seguridad, donde me dijeron que informara a las fuerzas armadas. En los dos sitios me dijeron que pagara, y les di 35 millones [de libras sudanesas] en total. El 20 de agosto de 2003, alguien se puso en contacto con el oficial del ejército en Saraf Omra y me detuvieron. Las fuerzas armadas me llevaron a un campamento militar de las afueras de Kabkabiya, donde me golpearon, me ataron de pies y manos y me colgaron de un árbol desde la mañana hasta la noche.

Testimonio ofrecido a Amnistí­a Internacional en octubre de 2004 por el hermano de un hombre a quien las fuerzas armadas sudanesas ejecutaron extrajudicialmente en Darfur.

En este informe se documentan numerosos casos de detención y reclusión arbitraria, muerte bajo custodia, tortura, juicio sin las debidas garantí­as y hostigamiento en los que las ví­ctimas se han visto privadas de acceso a la justicia en Darfur.

Amnistí­a Internacional ha formulado un conjunto de recomendaciones dirigidas al gobierno de Sudán, entre ellas:

La revocación de las leyes que permiten a las fuerzas de seguridad mantener a personas privadas de libertad en régimen de incomunicación y durante periodos prolongados y que les procuran inmunidad por sus actos;

La abolición de aquellas leyes que contravienen las normas internacionales sobre juicios con las debidas garantí­as, incluidas las disposiciones que impiden a los acusados retractarse de sus declaraciones e interponer recurso contra su sentencia y condena.

La adopción de medidas que garanticen a todas las personas idéntico acceso a la justicia, tiempo suficiente para preparar la defensa y asistencia letrada gratuita si fuera necesario.

La excarcelación inmediata de todas las personas detenidas exclusivamente por sus convicciones pací­ficas y de todas las personas detenidas arbitrariamente.

El anuncio inequí­voco por parte del gobierno de que la tortura y los malos tratos no se tolerarán en ningún centro de detención y serán perseguidos penalmente.

– Con el pretexto del conflicto armado y amparándose en el Estado de excepción, el gobierno de Sudán ha oprimido a las ví­ctimas de abusos contra los derechos humanos y ha dejado escapar a los auténticos perpetradores, tanto en la guerra del sur de Sudán como en Darfur. La comunidad internacional debe exigir la protección plena de los derechos humanos fundamentales en la legislación sudanesa y asimismo garantizar el refuerzo de la presencia de observadores internacionales y de su mandato para vigilar la comisión de toda clase de violaciones de derechos humanos- ha afirmado Erwin Van Der Borght.