El excesivo celo con que el Ministerio de Hacienda pretende controlar el gasto de los fondos públicos fundamentalmente al ADIF, incluyendo en el articulado del Estatuto de la Entidad Pública Empresarial los controles que establece la Ley General Presupuestaria y la aplicación del articulo 55 de la LOFAGE, lleva consigo la pérdida del derecho a la Negociación Colectiva que los trabajadores de la RENFE actual poseen en este momento.

Los sindicatos mayoritarios CC.OO. y UGT no aceptan que este colectivo pierda ese derecho y dejar en manos de la CECIR y de los Presupuestos Generales del Estado la subida salarial anual, por ello representantes de ambas confederaciones intentan desbloquear este conflicto con los ministerios implicados.

Mientras, cuando estamos a un mes de su entrada en vigor, la Ley 39/2.003 de 17 de Noviembre no tiene aprobados los Estatutos de ADIF y RENFE OPERADORA, ni han sido informados por parte del Consejo Económico y Social ni del Consejo de Estado.

El Proyecto del Real Decreto que debe de aprobar el Reglamento del Sector Ferroviario está en fase de estudio; las Ordenes Ministeriales, tanto la de Separación de Activos y Pasivos de la RENFE actual y asignación del personal, como la de Homologación del material rodante y habilitación de personal, están sin aprobar; la Orden Ministerial de establecimiento del Canon por la utilización de la infraestructura ferroviaria y los servicios que preste el Administrador a los Operadores está también sin definir y aprobar por los diferentes Ministerios implicados en el desarrollo y puesta en marcha de esta nueva Ley.

Esta situación se agrava con la falta de acuerdo con la representación de los trabajadores en la negociación del Convenio Colectivo de referencia para el periodo transitorio, y la concreción de un Acuerdo Marco o Protocolo que, entre otros aspectos, incluya la firma antes del 31 de Diciembre de 2004 y que, en su vigencia, adquiera el carácter de Convenio Pluriempresarial afectando a las dos Entidades resultantes de la aplicación de la ley del Sector Ferroviario.

En opinión de CC.OO. el mismo debe tener una vigencia de dos años e incorporar un incremento salarial global basado en lo establecido en mesa de la Función Pública, así­ como otros aspectos normativos y de permeabilidad de plantillas.

Demasiadas incógnitas para un colectivo cada vez más preocupado por su presente y por su futuro que, de no cambiar sustancialmente los acontecimientos, tendrá ocasión de mostrar su rechazo a esta situación los próximos 3 y 9 de diciembre.