1. Dado que la deuda de Irak se trata de una deuda odiosa, puesto que fue contraí­da por un régimen despótico en contra de los intereses de su estado, con la intención de fortalecer su régimen y someter a su pueblo, ésta tendrí­a que ser anulada al 100%, por tratarse de una deuda ilegí­tima. Anulada significa cancelada sin condiciones. Del mismo modo que se tendrí­a que hacer con otras deudas odiosas en otros muchos paí­ses del Sur. Existe jurisprudencia internacional que ha fallado anteriormente en este sentido, como fue el caso de la renuncia de la deuda cubana por parte del Reino de España después de la derrota de la guerra de Cuba en 1898.

2. Creemos que la deuda que más de 80 paí­ses tienen con el Estado español en muchos de los casos está bajo sospecha de ser ilegí­tima (por ser contraí­da por dictaduras, porque nunca fue empleada para beneficiar a la población de los paí­ses del Sur, porque ha alimentado redes de corrupción...). De ahí­ que pedimos al ejecutivo español que:

–  Establezca una moratoria del cobro de cualquier interés o retorno del principal de cualquier deuda.
–  En paralelo a esta moratoria, y antes de hacer cualquier reestructuración de deuda, que se haga una auditorí­a de toda la deuda, para conocer la legitimidad o no de su cobro, así­ como de una hipotética negociación de conversión de deuda.
–  De lo que resulte de la auditorí­a, pedimos que se anule automáticamente la parte ilegí­tima de la deuda y que sólo se convierta aquella parte que pudiera ser reconocida como legí­tima.
–  Pedimos que las conversiones se elaboren y programen conjuntamente con las organizaciones sociales del Sur, las cuales deben ser las principales beneficiaras de estas operaciones (y no las empresas españolas, como ha venido ocurriendo en los últimos años).
–  También pedimos que se juzguen a los presuntos responsables de la ilegitimidad de la deuda, tanto de los paí­ses del Sur como del Estado español, para que asuman responsabilidades económicas y civiles por fraude, corrupción, malversación de fondos públicos y o/cualquier otro tipo de delito.

3. Por último exigimos al gobierno español que nunca contabilice la cancelación ni la conversión de deuda como Ayuda Oficial al Desarrollo (como consiente, en algunos casos, el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE). Entendemos que la AOD sólo se tiene que contabilizar a partir de flujos económicos que se aporten desde el Estado español a cualquier paí­s del Sur. Una cancelación o conversión de deuda no supondrí­a nueva aportación de dinero desde el Estado español hacia un paí­s de la periferia. Entendemos que no es ético, aun cuando técnicamente se acepte en el entorno a paí­ses OCDE, que se aumente la partida de AOD en base a cancelaciones parciales o totales de deuda. El "˜nuevo talante"™ prometido por parte del ejecutivo español también se tendrí­a que observar en la manera de lograr el ya de por sí­ escaso 0,3% del PIB para AOD al que se ha comprometido para el año 2005.