Jamás se habí­a visto tanto guardia civil por la zona, y es que nadie del barrio Tijoco Alto se imaginaba siquiera que existiesen tantos guardias civiles en el sur de Tenerife. Pero cuando se trata de avasallar al más débil salen hasta de debajo de las piedras. Mientras el Cabildo de El Hierro fletaba un barco para que cuatrocientos vecinos se manifestases frente a la presidencia del Gobierno en Tenerife -engañándoles porque el presidente del Gobierno y del Cabildo se daban efusivos abrazos ese dí­a precisamente en El Hierro- para exigir soluciones para las casas ilegales, que son decenas de miles en el Archipiélago, o mientras el Parlamento de Canarias admití­a a trámite una reforma legal para legalizar una parte de estas viviendas... un ejército de máquinas y guardias civiles tomaba el pequeño barrio de Adeje -uno de los municipios con más recursos de España- para derribar una obra ilegal de una persona sin la suficiente influencia. De una familia modesta, vamos.

Los alcaldes han patrocinado la construcción ilegal en busca del clientelismo polí­tico y las autoridades judiciales en lugar de investigar las circunstancias que han hecho posible que existan decenas de miles de casas ilegales en Canarias, para las que periódicamente se decreta una amnistí­a, se dedican a emitir o refrendar órdenes de demolición completamente injustas, desde el momento en que se están derribando conforme a una especie de sorteo macabro en el que, como es habitual, casi todos los boletos los tienen los más débiles, los menos influyentes o los que tienen menos recursos.

El barrio de Tijoco Alto resistió durante unos dí­as, pero el desproporcionado despliegue policial que se hizo presente en la zona antes del amanecer, como en la época de los fusilamientos, hizo que cayera otra casa más de gente humilde, mientras no hay quien cierre una cantera ilegal en Gí¼í­mar, mientras los vecinos de El Riquel tienen que sufrir las consecuencias de un montón de industrias ilegales o mientras la Refinerí­a de Santa Cruz contamina mientras todas las autoridades miran respetuosamente para otro lado. Por poner un par de ejemplos.

El -Estado de Derecho- se asienta sobre el principio básico de la igualdad de todos ante la Ley, pero en Tenerife y en Canarias ocurre que la Ley es sólo para el que no tiene la suficiente influencia en la mayorí­a de los casos. La situación de las viviendas ilegales en el Canarias es un auténtico drama personal y familiar en el que van a pagar algunos propietarios menos influyentes, pero sus cómplices van a salir de -rositas-. Y éstos no son otros que los polí­ticos que les han consentido, cuando no favorecido, este tipo de actuaciones que todo el mundo veí­a como normal.

Hace unos años, cuenta un maestro que trabajó por Adeje, que en una clase con niños de 12 años, salió el tema de la necesidad de ordenar el territorio y de que las casas se construyesen con sus correspondientes proyectos y en suelo convenientemente ordenado, le decí­a el maestro a los alumnos. La carcajada de aquellos niños fue generalizada. -Pero maestro, si aquí­ para hacer una casa lo que hay que hacer es hablar con el concejal del ayuntamiento y ya está todo arreglado-. Eso decí­an los niños, pero la Fiscalí­a de Medio Ambiente también ha dicho en su memoria que las autoridades municipales son los principales delincuentes ambientales. Lo que pasa es que es más fácil perseguir al más desgraciado. Máxime cuando la Guardia Civil sólo necesita dar unos cuantos porrazos o empujones, y no ponerse a la compleja tarea de investigar, como debieran, todo este fenómeno desde sus orí­genes.

– Tú pon el techo rápido y no pasa nada-. A los polí­ticos que se dirigí­an a los ciudadanos con esta consigna es a los que hay que buscar y enjuiciar, y después que tiren todas las casas que tengan que tirar. Entre tanto deberí­a caérseles la cara de vergí¼enza. La amnistí­a que de vez en cuando decretan para las viviendas ilegales en realidad no es para los propietarios, es para ellos, para los polí­ticos que hacen las leyes, que de esta forma eluden su evidente responsabilidad en este dramático asunto en el que están pagando los más débiles, como siempre.

¡Qué se creerá alguien que José Segura, El Conseguidor, va a poner a la policí­a a investigar a su compañero de partido y aliado Rodrí­guez Fraga, para ver cómo es posible que en un municipio con tantos recursos se hayan levantado tantos centenares de viviendas ilegales durante su mandato y que el propio ayuntamiento les pusiese servicios o les cobrase la contribución! Este Delegado de Gobierno, El Conseguidor para sus amigos, ha de sentirse muy orgulloso de hacer estas demostraciones de fuerza ante gente humilde, con los señores trajeados que tienen tanta o más responsabilidad se va de comida y se abrazan efusivamente.