Este documento plantea las siguientes preocupaciones y recomendaciones, en el ámbito de la violencia contra las mujeres y la discriminación a colectivos de mujeres especialmente vulnerables:

– El Comité está preocupado por la persistencia en la sociedad española de estereotipos y roles discriminatorios, asignados a mujeres y hombres, que son la raí­z de la violencia contra las mujeres, e insta al Estado a tomar medidas adicionales para eliminar estas actitudes generadoras de violencia.

– El Comité muestra preocupación por el hecho de que pese a las medidas adoptadas por el Estado, la violencia contra las mujeres subsiste. Particularmente preocupante resulta para el Comité el número de mujeres asesinadas a manos de sus parejas. El Comité urge a supervisar la efectividad de las medias y polí­ticas adoptadas de acuerdo con los estándares internacionales.

– El Comité está preocupado por el incremento de la trata de mujeres y niñas en España y por las deficiencias en la protección de los derechos humanos de las ví­ctimas, incluido su derecho a solicitar y obtener el asilo. Las recomendaciones en este ámbito residen en la importancia de obtener datos sobre la trata, perseguir a los perpetradores y garantizar la protección de las ví­ctimas. El Comité insta al Estado de forma especí­fica a conceder el estatuto de refugiada a las mujeres ví­ctimas de trata, que solicitan asilo por persecución por cuestiones de género.

– El Comité está preocupado por las múltiples formas de discriminación que sufren estas mujeres inmigrantes, con especial referencia a las inmigrantes indocumentadas. El Comité urge a España a tomar medidas efectivas para paliar esta situación y asegurar que estas mujeres acceden a servicios sociales y apoyo legal en igualdad de condiciones. El Comité insta al Gobierno español a ratificar la Convención para la Protección de los Derechos de las personas migrantes y sus familiares.

– El Comité está preocupado por las condiciones de especial vulnerabilidad que sufren las mujeres de etnia gitana, y recomienda al Estado a promover y proteger los derechos humanos de las mujeres de etnia gitana.