En un documento, resaltan la Convención contra la tortura que estipula que todo Estado hay que garantizar a la ví­ctima de un acto de tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible.

– Aunque, claro está, nada podrá reparar las secuelas fí­sicas y morales de la prisión y de la tortura, extendidas también a nuestros familiares y descendientes, diversos convenios internacionales sobre derechos humanos de los cuales Chile es Estado signatario contemplan la reparación integral a las ví­ctimas de actos atentatorios a la dignidad humana que fueron provocados por agentes del Estado-, afirman.

Los ex prisioneros fueron privados de libertad entre noviembre de 1973 y noviembre de 1974 en el campo de concentración de Chacabuco, ubicado en una región desértica de Chile.

Los firmantes resaltan la importancia de la cooperación de la Comisión que representa un gran paso hacia el camino de la democracia y de los derechos humanos.

– En lo que no podemos estar de acuerdo con el Presidente Lagos es en su aseveración de que las reparaciones que surgirán tras el conocimiento detallado del informe presentado por la Comisión Nacional encabezada por monseñor Sergio Valech, serán "˜simbólicas y austeras"™-, señala el documento.

La declaración del presidente chileno se dio tras el reconocimiento del Comandante Jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, de que durante el régimen militar la tortura fue una práctica institucional promovida por el Estado.