De acuerdo al grupo, el racismo en Guatemala sigue fuerte desde la época colonial. -Hasta la fecha, se alimenta y perpetúa un sistema de prejuicios y valores que, desde lo individual hasta lo colectivo, consolida la exclusión polí­tica, social, económica y cultural de las grandes mayorí­as, constituidas por el pueblo maya, afrodescendientes y xincas que habitan nuestro territorio-, explica el documento.

Ellos comentan que los casos de prejuicio están esparcidos por la sociedad, de la educación de los niños a los medios de comunicación, pasando por el poder público. Por ejemplo, -en el ámbito de Justicia, el sistema es esencialmente monolingí¼e, no reconoce el derecho maya ni la existencia de autoridades mayas en el proceso de administración de justicia, no obstante que Guatemala ha ratificado el Convenio 169 que la obliga a adecuar su sistema a la realidad multiétnica del paí­s-.

Genocidio: expresión máxima del racismo

Pero la principal demanda de las etnias es la justicia en relación a las muertes ocurridas en el paí­s en los años 80 del siglo pasado. -Insistimos en que, el racismo fue la base del genocidio que ocurrió en Guatemala en la década del 80, y que es tipificado por la Convención Internacional para la prevención y sanción del delito de genocidio y en el Código Penal guatemalteco, como la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, religioso o étnico-.

Las Naciones Unidas a través de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico concluyó que el Estado Guatemalteco, cometió genocidio en contra del pueblo maya entre 1981 y 1983. Registró en esta época 626 masacres atribuibles al Estado a través del ejército y sus aparatos paramilitares. Asimismo, estimó que más de 200mil personas fueron asesinadas y de éstas el 83% eran mayas. Más de un millón de personas fueron desplazadas y refugiadas y 45 mil continúan desaparecidas.

– Estos casos por delitos tan graves como genocidio, delitos de lesa humanidad y crí­menes de guerra no han tenido ninguna prioridad, han sido relegados y se encuentran asignados a una fiscalí­a especial, lo que pone de manifiesto la falta de voluntad polí­tica para juzgar estos crí­menes-, lamentan.

Por ello, la declaración final del encuentro intima al gobierno guatemalteco a -fortalecer las acciones para la implementación y cumplimiento de los mecanismos internacionales como el convenio 169 y los Acuerdos de Paz- e -impulsar mecanismos efectivos para la participación y representación de los pueblos indí­genas en el Estado y en el sistema democrático-.