De acuerdo con el dossier, las milicias "“ la mayorí­a teniendo como actores a pistoleros, posiblemente contratados por terratenientes "“ han actuado principalmente en el Norte de Minas, Noroeste, Triángulo Mineiro y Jequitinhonha.

Las acciones de violencia poseen las mismas caracterí­sticas: -pistoleros armados y coordinados por los terratenientes disparan en todas las direcciones, contra hombres y mujeres; destruyen y prenden fuego a los cultivos, a las carpas, a los alimentos y a las pertenencias de las familias-.

Entre los tipos de violencia más comunes están los asesinatos, amenazas de muerte, tentativa de asesinato, agresiones fí­sicas y psicológicas, tortura, rapto, humillación, intimidación, entre otros.

Tomando el precepto constitucional de que todos son iguales ante la ley, sin distinción de cualquier naturaleza, y que la libertad no puede ser condicionada por ningún carácter paramilitar, el documento endosa que los terratenientes -no cumplen la función social de la propiedad, se arman y contratan pistoleros para actuar en las milicias o como guardias de seguridad-.

El dossier ha recolectado más de 30 casos de denuncias en áreas de Minas Gerais que fueron enviadas a la CPT. En el caso del campamento Terra Prometida, donde ocurrió la matanza que dejó a cinco trabajadores muertos y 20 heridos, desde 2002 la Comisión ya habí­a comunicado a las autoridades del Estado de Minas Gerais sobre posibles amenazas que las 300 familias instaladas en el lugar vení­an recibiendo constantemente.

Todas las informaciones fueron obtenidas a través de denuncias, declaraciones y cartas firmadas por agentes de la CPT y movimientos sociales, boletines eventuales, periódicos de circulación, entre otras fuentes.

Reivindicaciones

Apenas presentado el dossier en la Asamblea Legislativa, en Belo Horizonte, capital del Estado de Minas Gerais, Ví­a Campesina divulgó, como resumen, una pauta de reivindicación al Gobernador Aécio Neves en relación con la matanza del campamento Terra Prometida.

La pauta pide el castigo de los responsables "“ pistoleros y mandantes "“ por la muerte de los agricultores y destrucción del campamento, así­ como el inmediato asentamiento de las familias que están en el lugar desde el dí­a 1º de mayo de 2002.

Entre varios puntos, exige además la investigación de todas las denuncias sobre milicias armadas que actúan en el Estado de Minas Gerais y el rescate de todas las tierras desocupadas (11 millones de hectáreas) y la transferencia de las mismas para el asentamiento de más de 18.000 familias de campesinos sin tierra, hoy acampadas en más de 200 campamentos en el Estado.