CEAR considera inaplazable la inclusión por parte del Gobierno español de la persecución de género en los criterios de concesión del estatuto de refugiado, en cumplimiento de las disposiciones de Naciones Unidas. Esto supone dar un paso más en lo ya acordado por el propio Parlamento español, que en junio de 2001 llegó a un acuerdo unánime para garantizar la protección complementaria a las mujeres ante prácticas de violencia sexual como la mutilación.

La persecución contra las mujeres por razón de género está recogida en la Convención de Ginebra en el motivo de pertenencia a un determinado grupo social, y en ella se incluyen las prácticas que, aún proviniendo del entorno familiar, son contrarias a los principios de derechos humanos reconocidos internacionalmente. El propio ACNUR ha destacado la necesidad de incorporar la perspectiva de género a cada uno de los motivos de persecución señalados en la Convención de Ginebra, y exhorta a los estados a garantizar la perspectiva de género en la aplicación del derecho de asilo. Sin embargo, las solicitudes de asilo presentadas por mujeres que consiguen llegar a España y alegan persecución de género son sistemáticamente rechazadas por las autoridades.

Hay casos flagrantes, como el denunciado por CEAR en marzo pasado, por el que una mujer nigeriana que habí­a sido mutilada genitalmente y que habí­a llegado escapando de un matrimonio forzoso, vio rechazada su solicitud de asilo con el argumento de que su testimonio "-no era verosí­mil-.

CEAR ha solicitado a la Administración que en lo relativo a la persecución por agentes no estatales, contemple como tal la producida en el ámbito privado, siempre que las autoridades permitan, toleren o sean incapaces de evitar graves violaciones a los derechos humanos, como es el caso de la violación, la mutilación genital femenina, el maltrato o la trata de personas. Es urgente que el Gobierno publique una normativa o manual de actuación que prevea las necesidades especí­ficas de las ví­ctimas de persecución por razón de género, tanto con relación a las condiciones en que deben realizarse las entrevistas como para el acceso de estos casos al sistema de protección.

Violencia múltiple y estructural
Se trata de abordar situaciones de violencia ejercida contra las mujeres relacionadas con el papel que se les asigna en la sociedad y en la cultura, en medio de una impunidad estructural, y de las que la violencia doméstica no es la única manifestación. Así­, hay leyes que emanan de normas y prácticas tradicionales contrarias a los derechos humanos (imposición de un determinado vestuario bajo severos castigos, penalización de conductas que se enmarcan en el ámbito de la libre opción de las personas, etc). También constituyen una persecución por razón de género las situaciones derivadas de la trasgresión de normas sociales que restringen severamente la libertad o la integridad fí­sica y psí­quica de las mujeres, como el matrimonio forzoso o la esclavitud doméstica. A menudo se argumenta que los estados prohiben estas prácticas para descartar la concesión de la protección internacional, pero puede suceder que las toleren o que no estén en condiciones de erradicarlas.

En el caso de la violencia ejercida contra las mujeres en el ámbito familiar, CEAR reclama que para las solicitantes de asilo se tenga en cuenta no sólo la situación de violencia que provocó la salida del paí­s, sino también la producida en el paí­s de acogida ante las repercusiones que su denuncia podrí­a provocar en el caso de un retorno forzado. También constituyen prácticas persecutorias contra la mujer el aborto provocado o la esterilización forzosa. Por último, el reclutamiento de mujeres para la prostitución o la explotación sexual, es una forma de violencia de género que puede llevar incluso a la muerte y en la mayorí­a de los casos impone restricciones a la libertad de circulación de las mujeres ví­ctimas, debido al secuestro, las amenazas o la confiscación de pasaportes. Además, las mujeres ví­ctimas de la trata se exponen a serias repercusiones después de la huida si retornan a su paí­s de origen.

Necesidades especiales
Además de los problemas que afectan a todos los refugiados, como el papel de gendarmes de los transportistas por miedo a las sanciones, la imposición de visados o la dificultad de acceder a las fronteras de los paí­ses de asilo, las mujeres que huyen en busca de protección se enfrentan a problemas adicionales, como el desconocimiento generalizado de la persecución por motivos de género, la dificultad de un desplazamiento independiente, la presión de las mafias o su especial vulnerabilidad en condiciones extremas.

Una vez en España, es vital que la tramitación de las solicitudes de asilo se realice en un ambiente que asegure garantí­as especí­ficas en materia de género, como la entrevista por separado, que las mujeres conozcan la posibilidad de tener una solicitud válida por derecho propio, y que tanto el entrevistador como el intérprete sean mujeres, y cuenten con una formación especializada. Para ello CEAR propuso que se incluyeran las directrices del ACNUR en esta materia ante la modificación del Reglamento de Asilo derivado del nuevo Reglamento de Extranjerí­a.