Esta violencia verdaderamente insoportable en una sociedad de respeto a los derechos humanos, se ha cobrado ya la vida de 500 mujeres en los últimos seis años en España y hasta Octubre del presente han sido ya 79 las mujeres asesinadas a manos de sus maridos o compañeros. Una situación tan terrible a nivel internacional que el propio Secretario General de la ONU ha llegado a afirmar que mientras continúe la violencia de género no habrá progresos hacia la igualdad, el desarrollo y la paz.

Las raí­ces de esta violencia son múltiples y diversas. No podemos ignorar la escasa cultura de paz y solidaridad, la resolución de conflictos a través del ejercicio de la violencia, el deterioro de las relaciones interpersonales y de la propia persona en esta sociedad. Tampoco podemos lógicamente ignorar la secular supeditación de la mujer al hombre en esta sociedad, con todo lo que ello implica respecto a los roles sociales, la discriminación y a muchas veces el maltrato

Nuestra posición, como organización defensora de los derechos humanos, ante la violencia de género es ní­tida: defender los derechos de toda persona que sufre esta violación de sus derechos mas elementales y denunciar todo el maltrato que se produce en el ámbito intrafamiliar y especí­ficamente el maltrato contra las mujeres que son las que sufren esta violencia en mucha mayor medida (casi un 90% de las personas maltratadas en el ámbito familiar son mujeres). En cuanto a Ley Integral no dejamos de plantear diversas cuestiones crí­ticas al respecto, sin bien consideramos positivos diferentes aspectos de la misma.

Nos referimos por ejemplo a la filosofí­a penalista presente en la ley. Filosofí­a que alcanza muy extendida entre el grueso de los partidos polí­ticos como único medio para la resolución de los conflictos sociales y que se extiende por tanto a otros ámbitos sociales como los menores, inmigrantes, etc. De forma particular nos sumamos a las crí­ticas que, desde diversos ámbitos, se han realizado al establecimiento de un tipo penal especí­fico, el tipo penal "de autor", que supone que la pena depende de quien comete el delito. Se trata de una importante trasgresión, a nuestro entender, de toda la filosofí­a de derechos humanos.

Por ello, frente a esta filosofí­a penalista, nuestra Asociación plantea la necesidad de intentar buscar fórmulas que no obliguen en todos los casos a judicializar el conflicto. Por ello, como ha planteado la Asociación de Mujeres Juristas, entendemos que no debe exigirse denuncia por parte de la persona maltratada como requisito previo para poder acceder a los servicios públicos de ayuda y protección. Se calcula que el 70% del maltrato no se denuncia, por lo que todas esas personas no pueden acogerse a ningunos de los programas públicos existentes.

De la misma forma pensamos necesario avanzar en fórmulas de mediación que permitan desactivar los conflictos antes de su judicialización.
Dentro de la diversidad de mujeres en circunstancias de maltrato, nuestra asociación apuesta de forma muy especial por la defensa de las mujeres excluidas: prostitutas, toxicómanas, impedidas fí­sicas o psí­quicas e inmigrantes. Todas ellas con dificultades particulares de acceso a los recursos públicos y a las que creemos que la ley integral no ofrece soluciones a estas mujeres doblemente marginadas.
Consideramos que cualquier norma contra la violencia sexista, debe contemplar de forma prioritaria la realidad de estas mujeres y establecer por tanto polí­ticas especí­ficas dirigidas a este colectivo.

Lo que se podrí­a contemplar entre otras cuestiones puede ser:

í˜ La puesta en marcha de medidas legales que garanticen el disfrute de los derechos contemplados en la ley y el acceso a los recursos a toda mujer maltratada.

í˜ Que se establezcan polí­ticas especí­ficas para un mejor conocimiento de la realidad de los diferentes colectivos de mujeres, y poder así­ establecer medidas especí­ficas en todas las fases del tratamiento del problema. Habrí­a que incluir, por ejemplo que las mujeres inmigrantes estén incluidas en la Ley, independientemente de su situación administrativa y que pueda suponer causa de regularización; que las mujeres toxicómanas tengan prioridad en centros de desintoxicación; que las mujeres que ejercen la prostitución no encuentren obstáculo en el acceso a casas de acogida, etc.).

í˜ Medidas preventivas, seguimiento y apoyo cuando acuden a los servicios de atención a ví­ctimas de malos tratos y evaluación posterior de los resultados para poder planificar necesidades futuras.

í˜ Que se unifiquen las pautas de los servicios públicos, de manera que los derechos no dependan de la localidad, de la disposición o de la sensibilidad del equipo que atiende en cada caso a las mujeres que han sufrido maltrato.

í˜ Asimismo tendrí­a que ampliarse la dotación de recursos, tanto económicos como materiales o humanos para la atención prioritaria a estos sectores sociales vulnerables. Recursos apenas contemplados en la Ley y en la práctica totalmente insuficiente. Las administraciones por desgracia gastan muchas veces mas en propaganda e incluso en autopropaganda, con resultados contradictorios, que en la dotación de los recursos necesarios destinados a las mujeres.

Todo esto creemos que resulta fundamental para que la ley se desarrolle de una forma real y evitar que quede como un elemento "parcheador".

Con todo la "Ley Integral contra la Violencia de Género" puede ser un avance en la erradicación del problema al aportar numerosas cuestiones positivas. Entre ellas el abordaje integral y no parcializado del problema, el reconocimiento del derecho para las ví­ctimas y medidas para la conservación del puesto de trabajo, la apuesta educativa como camino preventivo, etc.

En este mismo camino la Apdha quiere sumarse públicamente a la iniciativa de Amnistí­a Internacional en el sentido de exigir al Gobierno que tome en consideración las recomendaciones del Comité que vigila la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), hechas públicas el 26 de julio pasado. Este informe hace especial énfasis en la situación de discriminación que sufren colectivos de mujeres de especial vulnerabilidad como las mujeres gitanas e inmigrantes. El Gobierno español, por ejemplo, aún no ha ratificado la Convención para la Protección de los Derechos de las personas migrantes y sus familiares, cuestión que también hemos planteado como urgente desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucí­a.

La lucha contra la violencia en el ámbito doméstico, por la igualdad entre hombres y mujeres y contra todo tipo de discriminación, son parte sustancial de la lucha por los derechos humanos. El choque con la realidad y la cada vez mayor influencia positiva de las ideas feministas han ido introduciendo cambios en la percepción y en la práctica de la defensa de los derechos humanos también desde la óptica de género. En la Apdha seguiremos expresando públicamente nuestra opinión crí­tica, planteando alternativas y aunando esfuerzos en la lucha por los derechos de las personas maltratadas.