La Federación Minerometalúrgica de CC.OO., a través de su secretario general, Felipe López Alonso, ha solicitado hoy en rueda de prensa una intervención directa del Gobierno español, que permita negociar con la Comisarí­a de la Competencia de la Unión Europea (UE) una salida satisfactoria y de futuro para el Grupo Izar. Este sindicato consideró que la Bruselas no tiene competencia para determinar la estructura patrimonial de una empresa, para establecer el perí­metro de una compañí­a (número de centros), ni su titularidad.

Tras consultar con diferentes expertos en derecho comunitario, la Federación Minerometalúrgica de CC.OO. ha concluido que no existe ningún apartado de las leyes de la UE que doten a la Comisión Europea a exigir cuestiones relacionadas con la titularidad, estructura o perí­metro de una compañí­a. Por ello, el secretario general de la FM de CC.OO. consideró hoy que "o la Unión Europea se está extralimitando a la hora de exigir estos aspectos para el Grupo Izar "“tal y como ha comunicado la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) a los sindicatos- o se está intentando utilizar la situación para establecer el plan presentado por la Sepi en septiembre pasado".

En opinión de Felipe López Alonso, que estuvo acompañado en la rueda de prensa por el secretario general de MCA-UGT, Manuel Fernández "Lito", la situación en que se encuentran en estos momentos los trabajadores de los diferentes astilleros que conforman el Grupo Izar es de "frustración", ya que no se entiende cómo una propuesta de la Sepi "y no de los sindicatos, tal y como ha pretendido señalar el presidente de la Sepi en rueda de prensa" "“aseguró-, que habí­a sido asumida por la mayorí­a de las plantillas, pasa a retornar a los supuestos planteados por el Gobierno en septiembre, que fueron rechazados de forma mayoritaria por los sindicatos, la mayorí­a de los partidos polí­ticos, de los gobiernos autonómicos, de las corporaciones municipales y la opinión pública en general.

Esta situación es la que ha motivado la reanudación de las movilizaciones. Mañana se reunirán los seis sindicatos con representación en el Grupo Izar (USGT, CIG, ELA, MCA-UGT, CAT y FM de CC.OO.), donde se decidirá conjuntamente cuáles serán las próximas actuaciones.

El máximo responsable de esta organización sindical también resaltó el hecho de que "se ha perdido la confianza en la manera de gestionar la puesta en marcha de una salida en Bruselas y también ante la falta de interés por parte de la Sepi a la hora de defender a este grupo de construcción naval". De ahí­, que se solicite una intervención del Gobierno del Gobierno. "Porque el problema no se soluciona yendo a Bruselas a consultar, sino a negociar la mejor salida para el Grupo Izar", sentenció López Alonso, añadiendo que "si la Sepi no ha sido capaz de sacar adelante este debate en Bruselas, debe hacerlo el Gobierno, dando una propuesta compatible con los presupuestos acordados previamente con los sindicatos.

En lo que se refiere a la carga de trabajo para el Grupo Izar, el secretario general de la FM de CC.OO., después de dejar que este sindicato siempre dará la bienvenida a nuevas contrataciones y que las considera imprescindibles para poner en marcha un adecuado plan de viabilidad, lanzó un mensaje de prudencia a la hora de anunciar contrataciones. "Debemos ser cautelosos, porque no hay contratos firmados, sino posibilidades de contrataciones y se pueden generar demasiadas expectativas", manifestó.

En este sentido, destacó el hecho de que, si se atendiera a los anuncios de las últimas semanas, se contratarí­an ocho barcos. "No deja de ser un contrasentido el hecho de que, por un lado, se hable de continuas contrataciones y, por otro, se destaque la necesidad de proceder a la disolución de la compañí­a", matizó Felipe López Alonso. Por ello, la FM de CC.OO. entiende que los nuevos contratos deben ser efectivos y deben permitir una estabilidad para el conjunto de los centros de trabajo, tanto los militares como los civiles.

Para retomar las negociaciones, este sindicato consideró imprescindible que el interlocutor que considere el Gobierno, ponga encima de la semana una propuesta distinta a la comunicada el pasado 28 de octubre.