La violencia que padecemos las mujeres, sólo se visibiliza en los medios de comunicación a través de las casi cien muertes que se producen cada año en el Estado español. Sin embargo, la violencia contra las mujeres se articula en el complejo entramado que forman el lenguaje, la medicina, el saber, la educación, el empleo, la polí­tica, el imaginario colectivo... y se ejerce a través de cualquier acto de control, dominio, explotación, negación... de las mujeres y sus derechos. Mucha gente se siente ajena a este graví­simo problema social porque no perciben como violencia socializar de manera diferente a chicas y chicos, explotar a la compañera en el hogar, usurpar la representación polí­tica y social en organizaciones no paritarias, ofrecer en los medios de comunicación una imagen ridiculizada y estereotipada, la precariedad laboral, etc.

La violencia contra las mujeres no es cosa de los noventa o cien hombres que cada año asesinan a su compañera, vecina, ex-compañera..., la violencia es cosa de todos y de todas, cuando consentimos, toleramos, miramos hacia otro lado, silenciamos... cualquier situación o acto violento, por pequeño que sea.

Recientemente se ha aprobado la Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género, una Ley necesaria pero no suficiente. Es especialmente grave la ausencia del Fondo de Garantí­a de Pago de Pensiones Impagadas, que el PSOE habí­a incluido en su programa electoral y en el Proyecto de Ley que presentó al parlamento, cuando gobernaba el PP.

La Ley también deberí­a garantizar los derechos previstos en la misma a todas las mujeres ví­ctimas de violencia de género, con independencia de su situación administrativa en el Estado Español.

En la Organización de Mujeres de la Confederación de STEs-i consideramos que la violencia contra las mujeres, precisamente porque se ejerce desde numerosos ámbitos, requiere múltiples medidas encaminadas a su prevención y erradicación. El asesinato y la violencia cotidianas son sí­ntomas de una sociedad patriarcal. Muchas personas y agentes sociales estamos comprometidos en la transformación de la misma por una sociedad en la que el valor de la vida, la solidaridad, la cooperación, el respeto, etc., formen parte de nuestra convivencia y de nuestra relación con la naturaleza. Los poderes públicos, que disponen de suficientes recursos si tuvieran la voluntad polí­tica, diluyen sus compromisos tras las victorias electorales. Eso ha ocurrido con la Ley Integral, cuya filosofí­a se ha desvirtuado al incluir, además de a las mujeres, a otros colectivos vulnerables como ancianos y niños. La reforma de la LOCE -la ley educativa del PP tan rechazada socialmente-, la está convirtiendo el PSOE en un debate -para todos y entre todos-. Una agresión más. Para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, un problema con tan amplias y hondas raí­ces, hay que creérselo profundamente, hay que creérselo de verdad, y demostrarlo con leyes, pero también con dotaciones presupuestarias, y polí­ticas coherentes.