Según informaciones de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), el campamento será levantado nuevamente con el apoyo del Comité de Solidaridad con las Familias de los Sin Tierra, formado por diversas organizaciones civiles.

Hoy de mañana, una reunión con representantes del Instituto de Colonización y Reforma Agraria (Incra) definió dos puntos principales de reivindicación. El primero es la culpabilidad para el Gobierno del Estado, la segunda es el castigo inmediato de los mandantes del crimen y de los pistoleros que realizaron la acción.

Marcilene Ferreira, de la Comisión Pastoral de la Tierra, explica que desde el 2002 los representantes del Gobierno del Estado de Minas Gerais reciben denuncias sobre las amenazas que vení­an sufriendo los trabajadores rurales "“ no sólo del área de Jequitinhonha, sino de varias otras localizadas en el territorio minero.

Hasta el momento, según informaciones de la CPT, están detenidos cinco pistoleros. Los agricultores instalaron el campamento -Tierra Prometida- hace dos años en la hacienda Nueva Alegrí­a, cuya área es pretendida por el hacendado Adriano Shafico, que vive en el estado de Bahí­a. Las autoridades de Bahí­a también están involucradas en la investigación del crimen.

La masacre

El último dí­a 20, las 100 familias que ocupaban la hacienda desde el dí­a 1º de mayo de 2002 fueron sorprendidas por ráfagas de balas disparadas por 18 pistoleros que, según denuncias, serí­an coordinados por el propietario del área. Vale resaltar que la acción sucedió un dí­a después de que varios soldados fueron declarados inocentes en el enjuiciamiento de Eldorado de Carajás, ocurrido hace 6 años en Pará.

Aterrorizados con el hecho, los organismos civiles "“ como la CPT y el MST "“ enviaron un comunicado a otras organizaciones internacionales. La nueva masacre contra los trabajadores rurales sin techo tuvo repercusión, entre otras, en Amnistí­a Internacional.

Rogéria Araujo, periodista de Adital