A pesar de tanto canto de sirena sobre el abaratamiento de la vivienda y de lo publicado por la prensa, los precios máximos de las viviendas en régimen de protección pública se han incrementado un ¡ ¡34,58%!! en un solo año.

¿Es ésta una medida que ayude al abaratamiento de la vivienda o por el contrario ayuda a engordar los bolsillos de los especuladores con la vivienda, generalmente amigos de los responsables de las Órdenes por las que se establecen los precios?

Cada palo que aguante su vela. A saber:

El gobierno autonómico:

Como todo el mundo recordará, el gobierno de Esperanza Aguirre es producto de unas segundas elecciones autonómicas después del esperpéntico espectáculo que se dio en una comisión de investigación. Lo único que dejó claro la comisión, fue la existencia de tramas inmobiliarias a diestro y siniestro, por encima y por debajo.

El mejor exponente de los intereses que defiende el gobierno de la comunidad es que del año 2003 (Orden de 30 de enero publicada en el BOCM 31 de 6 de febrero) al año 2004 (Orden 2863/2004, de 8 de noviembre publicada en el BOCM 272 de 15 de noviembre), a través de la Consejerí­a de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes (ahora Consejerí­a de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio), ha incrementado el precio máximo de la vivienda protegida en un 26,87% (ha pasado del coeficiente 1,2296 al 1,56), más el efecto de incremento de la nueva zonificación, de un 16,66% en municipios como Alcobendas o San Sebastián de los Reyes y del 9,09% en municipios como Arroyomolinos, Humanes o Navalcarnero.

Con estas modificaciones hay municipios que han sufrido un incremento absolutamente descabellado de hasta el 43,53%. Se confirma que a nuestros gobernantes autonómicos se les ha convertido el cerebro en un ladrillo; meten en el bolsillo de los promotores lo que sacan del bolsillo de los compradores. ¿Qué intereses defienden?

El gobierno central:

También hay que decir a la Ministra de la Vivienda del gobierno de Rodrí­guez Zapatero, que el incremento que desde ese Ministerio de la Vivienda se ha decretado en el precio básico a nivel nacional por metro cuadrado de superficie útil del 6,08% (ha pasado de 636,25 euros a 674,94 euros) no es precisamente una medida que ayude al abaratamiento de la vivienda, que tan en serio parecí­a que se lo iba a tomar el gobierno. Tampoco está en sintoní­a con otras medidas anunciadas para atajar el frenético aumento de los precios de la vivienda.

Promotores y gobierno:

No obstante lo anterior, los promotores que hayan comprado el suelo, realizado el proyecto, presupuestado y adjudicado la obra antes del 8 de noviembre ¿repercutirán el incremento de precios (establecidos como precios máximos y no como obligatorios)? Si esto fuera así­, el promotor que cumpliera el citado supuesto, se embolsarí­a unos 30.000 euros más (5 millones de pesetas) por cada piso de protección pública.

Aquel promotor que hubiera solicitado la calificación provisional hace más de seis meses, si a partir del 16 de noviembre se la concedieran, y con los nuevos precios publicados, el gobierno de Esperanza Aguirre le estarí­a metiendo en el bolsillo la escandalosa cifra de 30.000 euros por vivienda. Esos mismos euros que sacará del bolsillo de los jóvenes que quieran ejercer el derecho constitucional a disponer de una vivienda.