Esta es la conclusión de un informe elaborado por la Coordinadora de ONG para el Desarrollo que será entregado esta tarde a una delegación del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE "“Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico-de visita estos dí­as en España para realizar un "examen" de la Ayuda Oficial al Desarrollo en nuestro paí­s. Este Comité reúne a todos los paí­ses donantes de ayuda al desarrollo y realiza exámenes periódicos a sus miembros con el fin de elaborar un informe que incluye una serie de recomendaciones para los paí­ses. España fue examinada en 1998 y lo es nuevamente este año.

En el informe que se entregará esta tarde se señalan algunas de las carencias de la polí­tica de cooperación al desarrollo del gobierno español que en la última época está marcada por la caí­da de los fondos hasta el 0,22% del PNB, desde el 0,28 % que se alcanzó en 1992 (cada dí­a más lejos del 0,7% que el Partido Popular se comprometió a alcanzar), y por la quiebra del diálogo con los actores sociales. Como se recordará el gobierno modificó unilateralmente la composición del Consejo de Cooperación para incrementar la cuota correspondiente a la Administración y otorgar a ésta la facultad de nombrar a 4 de los 6 representantes de las ONGD que hasta entonces habí­an podido elegirlos libre y democráticamente en la Asamblea de la Coordinadora de ONGD. En este nuevo Consejo el Gobierno también ha nombrado directamente a los expertos y expertas.

El gobierno ha mostrado una gran incapacidad para asumir la crí­tica como una contribución al enriquecimiento de la polí­tica de ayuda al desarrollo y esta es la razón por la que ha excluido a expertos que se han mostrado en contra de la nueva orientación de la polí­tica de cooperación y también la razón por la que se puede afirmar que existen indicios de que la opinión crí­tica de algunas ONGD frente a la polí­tica del Gobierno ha podido influir en la asignación de subvenciones.

Las ONGD cuestionan la polí­tica y el modelo de cooperación que practica el gobierno porque, por encima de los discursos, en la práctica, antepone al objetivo primero de erradicación de la pobreza, otros intereses de tipo comercial, polí­tico y cultural, alejándose de principios consensuados en el ámbito internacional, y fuera de toda discusión, como destinar el 20% de la ayuda oficial a sectores sociales básicos -salud y educación- y el 0,15% a los paí­ses menos adelantados.

La Coordinadora considera preocupante que los más altos responsables de la polí­tica de cooperación española mantengan un discurso alejado del compromiso con la AOD como demuestra el hecho de que el Gobierno español se opusiera, con contra del acuerdo de sus socios comunitarios a establecer el 0,7% como un objetivo para alcanzar en los próximo años. Por otra parte, el interés por asociar los recursos privados al cómputo de la ayuda al desarrollo "“constituida únicamente por recursos públicos- es otra tendencia preocupante de esta gobierno.

El modelo español, en lugar de mejorar técnicamente los procedimientos de gestión, y de incluir criterios de objetividad y transparencia en la adjudicación de subvenciones, se niega a ello y amplia los espacios de discrecionalidad en los procesos de asignación de recursos. La baja calidad técnica y la escasa voluntad estratégica del Plan Director y los planes anuales de cooperación 2000 y 2001 confirman el empobrecimiento que en el ámbito de la planificación está sufriendo la cooperación española.

Todas estas cuestiones se trasladarán al equipo de expertos de la OCDE que realiza el informe sobre España y que tiene por costumbre desplazarse hasta el paí­s examinado para mantener entrevistas con funcionarios, parlamentarios y las ONGD del paí­s donante. En este marco tiene lugar la entrevista de la Coordinadora con la representación de la OCDE que ha accedido a mantener una reunión de trabajo con la Congde después de saber que el Gobierno Español no invitó a la Coordinadora a la reunión organizada con los agentes sociales, siguiendo con su polí­tica de bloqueo del diálogo con la única entidad de coordinación y representación estatal de las ONG de Desarrollo.