UGT pide al Gobierno que abandone la lí­nea que adoptó con la reforma laboral de abril de este año y le insta a trabajar para reducir la temporalidad laboral. La actitud de mero espectador no resuelve el problema porque la temporalidad sigue creciendo, ya que ha pasado del 31,5% en el primer trimestre de 2000 al 31,9% en el tercer trimestre de este año (la media comunitaria es del 13,4%). Para el sindicato es necesario introducir cambios en la legislación que penalicen el abuso en la utilización de esta fórmula de contratación, eliminar sus ventajas sobre la contratación indefinida y triplicar los efectivos y la eficacia de la Inspección de trabajo y Seguridad Social. Todo ello debe completarse con un plan de acción intensivo sobre la temporalidad que contenga medidas como las que UGT ha presentado en la Iniciativa Legislativa Popular.

UGT ha denunciado reiteradamente que la alta tasa de temporalidad y precariedad del empleo es uno de los lastres del mercado laboral español. En nuestro paí­s la tasa de temporalidad alcanza el 31,9% (ha crecido 4 décimas en el último año), mientras que la media de la Unión Europea es del 13,4%. Son los jóvenes, uno de los colectivos afectados por esta situación, ya que un 66,4% de personas con edades comprendidas entre los 16 y los 25 años tienen este tipo de contrato. La reforma laboral aprobada unilateralmente por el Gobierno este año no ha querido adentrase en la solución de este problema y ha hecho oí­dos sordos de las propuestas sindicales. Por ello, sigue creciendo el abuso en la utilización de este tipo de contratos y, por tanto, continuamos encabezando el ranking de la temporalidad de la Unión Europea.

La práctica tan extendida de encadenar contratos es además uno de los abusos que explican la mayor parte de la excesiva temporalidad que hay en España en comparación con cualquiera de los restantes paí­ses europeos. Especialmente grave resulta la situación de los trabajadores inmigrantes, desprotegidos ante los abusos e ilegalidades que se cometen desde determinados ámbitos empresariales, que se aprovechan de una legislación que priva a aquellos de los derechos laborales más básicos.

Actuaciones aisladas, como las que está llevando a cabo la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, son escasamente eficaces, máxime si se tiene en cuenta la reducida extensión de las actuaciones inspectoras (sólo tres mil cien empresas examinadas) y el carácter escasamente disuasorio de las sanciones. Pese a ser consideradas infracciones laborales graves, las multas en términos medios son de 97.500 Ptas. por infracción y de sólo 16.000 Ptas. por trabajador afectado.

Además, hay que recordar que la actividad inspectora, ante supuestos de contratación irregular, culmina con la imposición de multas pero no se traduce en el reconocimiento de derechos de estabilidad en el empleo a favor de los trabajadores afectados.

UGT insiste en la necesidad de adoptar medidas eficaces que realmente corrijan la situación. Es necesario que el Gobierno deje ya de constatar públicamente el problema que todos sabemos que existe, y empiece a resolverlo. Para que la situación pueda comenzar a corregir, es necesario que se implique y adopte un amplio conjunto de medidas, como demanda la Iniciativa Legislativa Popular presentada por UGT en el Congreso; medidas tanto de carácter normativo (cambios en la legislación), como económico (que eliminen las ventajas actualmente existentes de la contratación temporal respecto a la indefinida, no una simple indemnización simbólica e irrelevante), y de control (triplicar los efectivos de la Inspección de trabajo y Seguridad Social porque su actividad es ineficaz por la reducida extensión de sus actuaciones y por la reducida cuantí­a de las multas que ejercen escasa disuasión).