En el primer semestre de 2001, el Gobierno ha autorizado exportaciones de armas ligeras y munición por valor de 7.500 millones de pesetas, y ha incrementado sus ventas a paí­ses como Ghana, punto de distribución de armas a las guerras de África Occidental, y otros que no respetan los derechos humanos. Estos datos se desprenden del análisis preliminar sobre las exportaciones españolas de armamento correspondientes a este periodo hecho público por las ONG de la Campaña Adiós a las Armas ante el retraso del Gobierno en informar al Parlamento sobre esta materia.

Amnistí­a Internacional, Greenpeace, Intermón Oxfam y Médicos Sin Fronteras, reiteran la necesidad de una mayor transparencia y control en el comercio de armas. Cuando hace apenas una semana que el Gobierno presentó al Parlamento las estadí­sticas de exportaciones de armas ligeras y munición del año 2000 (mediante la comparecencia de D. Francisco Utrera, Director General de Comercio Exterior del Ministerio de Economí­a, ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, el pasado 28 de noviembre), la Cátedra UNESCO sobre Paz y Derechos Humanos de la UAB, coordinadora técnica de la campaña Adiós a las Armas ha facilitado ya los datos de las exportaciones españolas del primer semestre del 2001.
El valor total de estas exportaciones en el periodo mencionado fue superior a 7.500 millones de pesetas. Esto podrí­a suponer que al final del año, la cifra ascendiera hasta los 15.000 millones de pesetas. De ser así­, se confirmarí­a la tendencia al alza de las exportaciones de armas ligeras y sobretodo de munición que se está produciendo en los últimos años.

Las ONG antes citadas quieren reiterar su alarma por la continua venta de munición a paí­ses del África Occidental. En la primera mitad del año 2001, Ghana ha recibido munición por un valor superior a los 255 millones de pesetas (mientras que en todo el año 2000 el valor de las ventas fue de 322 millones).

Cada unidad de munición vendida a este paí­s tiene un importe superior a las 19.000 pesetas y un peso de 43 Kg. Por este motivo no es creí­ble que estas ventas correspondan a munición de caza como sostuvo Francisco Utrera en la comparecencia antes citada. De forma sorprendente, Utrera dedicó una buena parte de su intervención ante los Diputados a desacreditar las cifras que manejan las ONG, a las que calificó de simplistas e infundadas. Estas cifras, sin embargo, son el resultado de la simple suma de lo aparecido en fuentes oficiales como el Registro de Aduanas que elabora la Agencia Tributaria.

No obstante, en su comparecencia, el Sr. Utrera reconoció que buena parte de lo vendido a Ghana era para su reexportación a paí­ses de la región. Esto reafirma las denuncias de las ONG y del propio Gobierno de Ghana, quien ha prohibido la exportación, importación, distribución y fabricación de armas ligeras y munición por la evidencia que desde su territorio se reenviaban estos productos a paí­ses en conflicto de la región como Sierra Leona, Liberia o Nigeria.

Las ONG promotoras de la campaña Adiós a las armas lamentan también que el Sr. Utrera manifestara que no es necesario incrementar el nivel de transparencia en el comercio de armas, considerando suficientes los mecanismos de control existentes. Para estas ONG, la actitud secretista del Sr. Utrera es inaceptable y pretende esconder una serie de prácticas que vulneran el Código de Conducta de la Unión Europea sobre transferencia de armamento.

Ante esta situación, las ONG han hecho llegar a todos los grupos parlamentarios sin excepción la necesidad de aprobar por consenso la Proposición No de Ley que han promovido en el Congreso de los Diputados y que se discutirá el próximo 11 de diciembre en sesión plenaria.

La venta impune de armas y munición a paí­ses y zonas en conflicto alimenta y perpetúa las guerras, hipoteca el desarrollo y fomenta las violaciones de los Derechos Humanos. Esto, por ejemplo, es bien evidente en África Occidental una región desangrada por la continua presencia de armamento ligero: productos baratos y asequibles pero que son los causantes del 90% de las ví­ctimas en conflictos armados. El próximo dí­a 11 de diciembre será la oportunidad para que el Congreso de los Diputados decida si España deja de contribuir al drama humano que sufren millones de personas.

Las ONG no están solas en su petición de una mayor transparencia en el comercio de armas. Esta iniciativa ha recibido el apoyo de más de 300 ayuntamientos, 7 parlamentos autonómicos, 12 diputaciones provinciales y más de 100.000 ciudadanos a tí­tulo particular. Este masivo apoyo de la sociedad civil refuerza la petición de que en España se establezca una mayor transparencia en el comercio de armas para permitir un mejor control de las ventas de estos productos.