Elizabeth Hodgkin, investigadora de Amnistí­a Internacional sobre Sudán, ha declarado: -Los gobiernos deben dejar de hacer oí­dos sordos a las consecuencias tanto inmediatas como a largo plazo de este comercio absolutamente irresponsable. Deben asegurarse de que el Consejo de Seguridad de la ONU impone un embargo de armas, preceptivo y rigurosamente vigilado, a todas las partes del conflicto de Sudán, incluidas las fuerzas armadas gubernamentales. El embargo debe tener como finalidad detener todas las exportaciones de armas que tengan probabilidades de ser utilizadas para cometer violaciones de derechos humanos-.

En una conferencia de prensa celebrada en Nairobi en ví­speras de la reunión que el Consejo de Seguridad celebrará esta semana en esa misma ciudad, los delegados de Amnistí­a Internacional presentaron un informe en el que se identifican los principales tipos de armas enviadas a Sudán y los gobiernos que, deliberada o inconscientemente, han permitido su enví­o.

El informe, titulado Sudán: Armas para los responsables de los graves abusos cometidos en Darfur (Índice AI: AFR 54/139/2004, próximamente disponible en español), muestra cómo las fuerzas gubernamentales sudanesas y sus milicias aliadas han utilizado esas armas para cometer violaciones graves de derechos humanos, crí­menes de guerra y crí­menes contra la humanidad.

– Dos aviones Antonov, cinco helicópteros y dos MiG atacaron nuestro poblado hacia las seis de la mañana. Luego llegaron cinco tanques. El ataque duró hasta las siete de la tarde [...] Dieciocho hombres y dos niños de nuestra familia murieron en la huida-; este fue el testimonio que en mayo de 2004 dieron a Amnistí­a Internacional Aziza Abdel Jaber Mohammed y su hermanastra Zahra Adam Arja sobre el ataque de diciembre de 2003 contra Kornoy, en Darfur Septentrional.

Basándose en el testimonio de centenares de supervivientes recogido por Amnistí­a Internacional y en documentos comerciales, datos de la ONU sobre comercio de armas y otras fuentes, el informe llega, entre otras, a las siguientes conclusiones:

– desde la Federación Rusa, China y Bielorrusia se han vendido a Sudán aviones militares y componentes, y desde Lituania se han vendido repuestos para helicóptero, a pesar del repetido uso de esos aparatos para bombardear poblados y apoyar los ataques por tierra contra civiles;

– se han transferido a Sudán tanques, vehí­culos militares y artillerí­a desde Bielorrusia, Rusia y Polonia, a pesar de que ese material se ha utilizado para ayudar a lanzar ataques indiscriminados y directos contra civiles;

– se han exportado a Sudán granadas, rifles, pistolas, munición y otras armas pequeñas y ligeras desde numerosos paí­ses, pero principalmente China, Francia, Irán y Arabia Saudí­;

– recientemente, empresas de intermediación de venta de armas británicas e irlandesas han tratado de proporcionar grandes cantidades de aviones Antonov y vehí­culos militares desde Ucrania y pistolas desde Brasil;

– Bielorrusia, India, Malaisia y Rusia han ofrecido cooperación y formación militar.

– Algunos gobiernos como Bulgaria, Lituania y Reino Unido ya han empezado a tomar medidas para detener el flujo de armas a Sudán, y la Unión Europea ha impuesto un embargo, pero otros gobiernos no han dado señales de querer cerrar el grifo que alimenta estas atrocidades-, ha declarado Brian Wood, director de investigación de Amnistí­a Internacional sobre comercio de armas y de material de seguridad.

Amnistí­a Internacional pide al Consejo de Seguridad de la ONU que dicte un embargo preceptivo de armas para detener todas las exportaciones de armas que tengan probabilidades de ser utilizadas para cometer violaciones de derechos humanos. El embargo debe ir acompañado de una vigilancia rigurosa de la ONU tanto dentro como fuera de Sudán.

La organización pide a todos los Estados mencionados en el informe que tomen medidas concretas inmediatas para suspender todas las transferencias de esos tipos de armas y de suministros logí­sticos y de seguridad afines que se están utilizando para cometer graves violaciones de derechos humanos en Sudán.

Para impedir que el comercio de armas contribuya a estos desastres, Amnistí­a Internacional hace campaña también para que todos los Estados establezcan controles mucho más rigurosos sobre las armas convencionales, con medidas como el establecimiento de un tratado sobre comercio de armas que prohí­ba las exportaciones de armas a personas y entidades que tengan probabilidades de utilizarlas para violar los derechos humanos y el derecho internacional.