ALARMA SOCIAL

Desde el 19 de octubre pasado se está llevando a cabo en España un operativo policial especial dirigido contra los inmigrantes de origen colombiano y ecuatoriano. El nombre clave de este operativo es "Operación LUDECO" y en origen estaba dirigido a "neutralizar la delicuencia de extranjeros". No obstante, las medidas y actuaciones que se llevan a cabo dentro de este operativo implican, entre otras medidas inconstitucionales, la identificación, detención provisional y "fichado policial" por parte de las fuerzas de orden público de todos aquellos inmigrantes ecuatorianos y colombianos que sean considerados sospechosos de ser, o incluso de llegar a ser, delincuentes.

Este proceder indiscriminado, supone la persecución y el hostigamiento de un amplio colectivo social solamente en función de su aspecto fí­sico y su paí­s de procedencia, lo que constituye un clarí­simo caso de xenofobia y racismo, a la par que vulnera derechos humanos fundamentales como la "presunción de inocencia" y el derecho a la libertad.

EXIGIMOS LA RETIRADA DE LA "OPERACIÓN LUDECO"

La Asociación de Inmigrantes Ecuatorianos y Latinoamericanos RUMIÑAHUI, La Asociación de Inmigrantes Argelinos en España, (A.I.A.E.) y la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquí­s en España, ( A.T.I.M.E.), DENUNCIAMOS la puesta en marcha del "dispositivo especial contra la delincuencia perpetrada por nacionales colombianos y ecuatorianos", conocido como Operación LUDECO.

El operativo consiste en una serie de disposiciones policiales y judiciales dirigidas contra los ciudadanos de origen colombiano y ecuatoriano. Estas disposiciones abarcan desde la identificación criminal de cualquier ciudadano de estos paí­ses que sea considerado como "sospechoso", hasta la aplicación estricta de artí­culos de la Ley de Extranjerí­a que hoy por hoy están recurridos ante el Tribunal Constitucional por vulnerar derechos humanos fundamentales.

Con este operativo, los responsables policiales y polí­ticos están lanzando una imagen negativa y criminalizadora de las personas inmigrantes, convirtiéndolas en sospechosas solamente por el hecho de tener unos determinados rasgos fí­sicos y proceder de un paí­s en concreto, lo que constituye un claro caso de racismo. Se está estigmatizando y prejuiciando así­ a determinados colectivos, en un paso más de la polí­tica actual del Gobierno español de criminalizar a la inmigración, con la consiguiente injusticia y riesgos sociales que esto comporta.

Se vulnera claramente uno de los derechos humanos fundamentales, cual es la "presunción de inocencia", a la vez que se sienta un peligroso precedente de actuación racista y xenófoba desde el poder que fomenta peligrosamente actitudes similares entre la población.

Por el momento, este tipo de hostigamiento está dirigido contra colombianos y ecuatorianos, aunque nada hace pensar que dicha práctica no se haga extensible en el futuro a cualquier persona o colectivo "diferente" o "problemático".

La sensación de temor que desencadena este tipo de operativos entre los inmigrantes, siembra entre ellos el miedo y la desconfianza, perjudicando seriamente cualquier esfuerzo de integración social. Lo que no ayuda a solucionar los numerosos temas pendientes sobre la inmigración que deben afrontarse desde polí­ticas responsables, decididas e imaginativas.

Las implicaciones y consecuencias, presentes y futuras, de polí­ticas como esta, amenazan seriamente la convivencia ciudadana y erosionan valores como la justicia, las libertades civiles y la igualdad de oportunidades.

Dada la gravedad de la situación y reclamando el respeto y la dignidad para las personas y sus derechos humanos fundamentales,

DEMANDAMOS:
La retirada inmediata del conjunto de directrices policiales y judiciales conocido como Operación LUDECO.

La intervención inmediata del Sí­ndic de Greuges,del Defensor del Pueblo, y del resto de instituciones públicas valencianes competentes en defensa de los colectivos afectados.

La presentación pública de todas las explicaciones y excusas pertinentes en relación al caso por parte de sus responsables polí­ticos y policiales.