Amnistí­a Internacional teme que las muertes de civiles, que conculcan el derecho internacional humanitario, se hayan producido como consecuencia de que los bandos contendientes no han tomado las precauciones necesarias para proteger a los no combatientes. La situación humanitaria en la ciudad al parecer es precaria.

Veinte integrantes del personal médico y decenas de civiles más murieron a consecuencia del impacto de un misil contra una clí­nica el 9 de noviembre, según los informes de un médico que sobrevivió. No se sabe si el misil procedí­a de las fuerzas dirigidas por Estados Unidos o de las fuerzas insurgentes. También el 9 de noviembre, según noticias de prensa, un niño de 9 años murió al ser alcanzado por metralla en el estómago. Los combates que en aquel momento tení­an lugar impidieron a sus padres llevarlo al hospital. El niño falleció horas después desangrado, y sus padres lo enterraron en el jardí­n ante el peligro que suponí­a salir a la calle. Según los informes, una mujer y sus tres hijas murieron al ser bombardeada su casa.

El 11 de noviembre, un programa de televisión británico, Channel Four News, emitió imágenes en las que un soldado estadounidense parecí­a efectuar un disparo en dirección a un insurgente herido al que no se veí­a en pantalla, y se alejaba después, diciendo: -Se acabó-. Según el derecho internacional humanitario, las fuerzas estadounidenses tienen la obligación de proteger a los combatientes que están fuera de combate. Amnistí­a Internacional pide a las autoridades estadounidenses que investiguen inmediatamente este incidente.

A Amnistí­a Internacional le preocupa que los portavoces militares estadounidenses han facilitado el número de muertes que se estiman entre los insurgentes "“al parecer cientos"“, pero no los muertos o heridos civiles. La organización insta a todos los bandos contendientes a tomar todas las precauciones posibles para que no haya ví­ctimas civiles.

También hay informes de violaciones del derecho internacional humanitario por parte de los insurgentes. Por ejemplo, en una ocasión en que unos iraquí­es salieron de un edificio ondeando una bandera blanca, cuando un marine se acercó al grupo, los insurgentes abrieron fuego contra los marines desde distintas direcciones. Un oficial del ejército estadounidense en Irak acusó también a los insurgentes de almacenar armas en mezquitas y colegios. Según los informes, los insurgentes dispararon desde una mezquita el 10 de noviembre.

Toda violación del derecho internacional humanitario y de derechos humanos debe ser investigada, y los responsables de ataques ilegí­timos, incluido el ataque deliberado contra civiles, las agresiones indiscriminadas y desproporcionadas y el homicidio de heridos, deben ser puestos en manos de la justicia.

Más de 10.000 marines estadounidenses y 2.000 miembros de las fuerzas de seguridad iraquí­es lanzaron el lunes por la noche una ofensiva sobre Faluya, ciudad que lleva bajo el control de los insurgentes desde abril de 2004. Al menos la mitad de los habitantes de la ciudad se fueron de ella antes del ataque. Sin embargo, según información de prensa, aún viven allí­ decenas de miles de civiles. Preocupa que se avecine una crisis humanitaria, al haber graves insuficiencias de alimentos, agua y medicinas y no haber electricidad. También hay muchos heridos que no han podido recibir atención médica debido a los combates. La Sociedad Iraquí­ de la Media Luna Roja afirmó que habí­a pedido al gobierno provisional iraquí­ y a las fuerzas estadounidenses permiso para entregar material de asistencia humanitaria a los civiles de Faluya y enviar un equipo médico al principal hospital de la ciudad, pero no habí­a recibido respuesta.

En una declaración publicada el 4 de noviembre, Amnistí­a Internacional recordó a Estados Unidos y al gobierno provisional de Irak que están legalmente obligados a respetar en todo momento las disposiciones de todos los tratados de derechos humanos y de derecho humanitario en los que son Parte, así­ como las disposiciones del derecho consuetudinario internacional, vinculante para todos los Estados. La organización instó también a los grupos armados de Faluya a que respetaran las normas legalmente vinculantes del derecho internacional.