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México: Defensor de derechos humanos detenido
Recibida de Amnistia Internacional el 13-11-2004 a las 03:11

Amnistía Internacional está gravemente preocupada por la situación de Felipe Arreaga Sánchez, reconocido campesino ecologista en la zona de Petetlán, Guerrero, detenido desde el 3 de noviembre acusado de asesinato y asociación delictuosa. La organización considera que hay claros indicios de motivación política detrás de este proceso. Amnistía Internacional mantendrá bajo escrutinio este proceso judicial y hace un llamamiento a las autoridades para que garanticen los derechos del detenido y aseguran un proceso justo.

En el mismo proceso penal, otros miembros de la Organización Campesina Ecologista de la Sierra de Petetlán, también tienen órdenes de arresto en su contra, incluido Rodolfo Montiel, ex preso de conciencia. Es muy preocupante que los reconocidos lí­deres del movimiento ecologista en Petetlán estan siendo procesados en un caso que parece tener su motivación en la venganza por parte de caciques locales.

Según informes, Felipe Arreaga Sánchez y otros lí­deres de los ecologistas fueron acusados de haber cometido un asesinato en 1998. Sin embargo, en la denuncia original de los hechos el testigo del crimen no identificó a los acusados. A pesar de esto y al parecer, se ha presentado una nueva acusación en la cual los ecologistas ya son identificados como responsables. Felipe Arreaga Sánchez ya ha presentado testigos ante el juzgado que declararon que él estuvo en otra comunidad cuando ocurrió el crimen. Sin embargo, el proceso continúa y Felipe Arreaga Sánchez sigue en detención.

El movimiento ecologista denunció la tala ilegal de bosques por parte de caciques locales desde mediados de los años 90. En 1998, en represalia por su trabajo con el movimiento, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera fueron detenidos, torturados y obligados a confesar por delitos fabricados. Amnistí­a Internacional los adoptó como presos de conciencia. Sólo gracias a las campañas nacionales e internacionales se logró su libertad.

El mal uso del sistema de justicia contra defensores de derechos humanos y opositores locales sigue siendo común en México, en particular en estados como Guerrero. Tales prácticas tienen el objetivo de prevenir y deslegitimar el trabajo legí­timo de defensa y promoción de los derechos humanos.




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