Pero los trabajos conducidos por el juez Juan Carlos Fernández Lecchin deben romper por primera vez este bloqueo. El magistrado ha oí­do hoy testimonios que van a avalizar la presencia de técnicos en el sitio en donde se supone haber desaparecido la maestra Elena Quinteros y al menos otros siete presos polí­ticos, entre los que se encuentra Marí­a Claudia Garcí­a, la nuera del poeta argentino Juan Gelman.

Los testigos fueran el integrante de la Comisión para la Paz, Carlos Ramela, un ex soldado y el equipo de profesionales que realizó los estudios aerofotográficos del predio del Batallón 13. Las fotografí­as aéreas han confirmado la remoción de tierra y por consecuencia la descaracterización de posibles evidencias de un cementerio clandestino en el local. La excusa usada por el Ejército uruguayo para el hecho ha sido de que los entrenamientos ocurridos en el Batallón 13 involucraban la simulación de terremotos.

El mismo procedimiento de escudriñamiento aéreo será usado para el Batallón 14, en donde también se cree haber un cementerio clandestino. La investigación adecuada aclarará dudas que persisten por más de décadas, pues, según a Comisión por la Paz, los cuerpos enterrados en ambos predios militares habrí­an sido desenterrados, cremados y esparcidos en el Rí­o de la Plata hacia el fin de la dictadura, en 1984. Sin embargo, nunca se ha recogido pruebas de esta acción de los militares.

Evandro Bonfim, periodista de Adital