Se han formulado cargos contra David Hicks, ciudadano australiano, Salim Ahmed Hamdan, ciudadano yemení­, Ali Hamza Ahmed Sulayman al Bahlul, también ciudadano yemení­, e Ibrahim Ahmed Mahmoud al Qosi, ciudadano sudanés.

Pero, según informaciones de la delegada de Amnistí­a Internacional Jumana Musa, que está en Guantánamo, hubo, en los últimos dí­as, una buena noticia. El último dí­a 08 de este mes, un juez federal de primera instancia de Estados Unidos suspendió los procedimientos preliminares contra Salim Ahmed Hamdan. La organización insta al gobierno estadounidense a considerar la orden del juez Robertson como una oportunidad para poner fin a las comisiones militares de una vez por todas. -Lamentablemente, la reacción inmediata del gobierno ha sido manifestar su -enérgico desacuerdo- con la resolución-, dijo la organización de derechos humanos.

Durante la primera semana de vistas, en agosto, se informó de problemas considerables de traducción para el ciudadano sudanés. El intérprete de Hamdan describió la calidad de la interpretación proporcionada por la comisión como igual que una emisión de radio distante y entrecortada. En virtud del derecho y las normas internacionales, todos los acusados de un delito tienen derecho a contar, sin coste alguno, con un intérprete competente si no comprenden o hablan el idioma utilizado por el tribunal. La Oficina de Comisiones Militares habí­a sustituido a los intérpretes, pero, en la última sesión, la traducción siguió siendo inadecuada, a pesar de haber mejorado.

Unos 45 minutos después de iniciarse los procedimientos el 08 de noviembre, un soldado entró y entregó un papel al presidente de la comisión. Éste declaró inmediatamente una pausa. Poco después, el tribunal regresó a la sala y anunció que los procedimientos se suspendí­an indefinidamente. La suspensión de los procedimientos se debió a que el juez James Robertson ordenó que hasta que un -tribunal competente-, conforme establece el artí­culo 5 del Convenio III de Ginebra, determine que Hamdan no tiene derecho a la condición de prisionero de guerra, éste sólo puede ser juzgado por un consejo de guerra en virtud del Código Normalizado de Justicia Militar de Estados Unidos.

El presidente de EE.UU., George W. Bush, ha determinado que los Convenios de Ginebra no se aplican a los presuntos miembros de Al Qaeda capturados durante la guerra de Afganistán, y de que ni ellos ni los presuntos talibanes tienen derecho a la condición de prisioneros de guerra. El juez Robertson concluyó que -a pesar de la opinión del presidente [...] el Convenio III de Ginebra se aplica a todas las personas detenidas en Afganistán durante las hostilidades de aquel paí­s-.

Robertson sostuvo que Salim Ahmed Hamdan no goza de la condición de prisionero de guerra, dadas las normas actuales de la comisión militar, que permiten que el acusado no esté presente en determinadas sesiones y que se le niegue el acceso a ciertas pruebas clasificadas o -protegidas-. El gobierno estadounidense ya está tratando de conseguir una suspensión de emergencia de la decisión del juez Robertson, y ha declarado que apelará contra ella inmediatamente.

En el caso del australiano David Ricks, la defensa solicitó, esta semana, que prestaran declaración seis peritos legales para que explicaran varios aspectos del derecho consuetudinario internacional, el derecho militar y el derecho de los conflictos armados. La petición fue denegada, primero por el presidente de la comisión militar y más tarde por toda la comisión. Al rechazar la petición, un miembro de la comisión afirmó que si hubieran creí­do que iban a necesitar el testimonio de peritos habrí­an llamado a los suyos propios.

En las vistas anteriores, celebradas en agosto de 2004, los abogados de la defensa pidieron que se retirase a varios miembros de la comisión, incluido su presidente, por falta de idoneidad para ocupar el puesto. El 19 de octubre, la -autoridad designadora- de la comisión militar accedió a la petición en tres de los casos, y la acusación no se opuso. Sin embargo, no se eligieron otros miembros en su lugar, quedando así­ reducido el tamaño de la comisión de cinco miembros y un suplente a tres miembros sin suplente. En la vista actual, la defensa hizo notar que ahora se necesitaban dos votos para alcanzar una sentencia condenatoria, mientras que anteriormente se necesitaban cuatro, lo cual suponí­a una reducción significativa del peso de la acusación.

Además el acta de acusación contra Hicks, tal como está redactada actualmente, hace referencia a cargos generales, como conspiración para destruir propiedades civiles. Uno de los momentos más dramáticos se produjo cuando la acusación intentó que se incluyera en el sumario el expediente del Tribunal de Revisión del Estatuto de Combatiente de David Hicks. Estos Tribunales llevan a cabo revisiones administrativas de la situación de cada detenido para determinar si es lo que se denomina un -combatiente enemigo-. Ellos son independientes del proceso de la comisión y ofrecen a los detenidos aún menos protección.