En la Nota se afirma que en marzo del 2003 Cuba lanzó -una redada total contra los activistas independientes de la sociedad civil-. El Departamento de Estado miente descaradamente. Los tribunales cubanos sancionaron, en virtud de nuestras leyes, no a activistas sino a mercenarios que recibí­an del Gobierno norteamericano órdenes y dinero abundante para realizar acciones ilegales dentro de Cuba al servicio de su polí­tica de bloqueo y agresiones contra nuestra Patria. En cualquier paí­s, incluido Estados Unidos, conspirar con una potencia extranjera constituye también un delito.

Con cierta lógica, la opinión pública internacional hubiese esperado que después de conocerse las increí­bles aberraciones y violaciones de los derechos humanos cometidas en las prisiones en Iraq y en la ilegal Base Naval de Guantánamo, el Gobierno de los Estados Unidos asumirí­a una posición de mayor racionalidad y menor prepotencia a la hora de juzgar la situación de los derechos humanos en cualquier paí­s del mundo. Sin embargo, apenas dos dí­as después de las elecciones norteamericanas, de manera extraña, reinician rápidamente sus ataques contra Cuba.

El Gobierno de los Estados Unidos no tiene la más mí­nima autoridad moral para acusar a Cuba. Es el Gobierno de Estados Unidos el mayor violador de los derechos humanos en el mundo. Es el que a través de un cruel, inhumano y genocida bloqueo ha violado durante más de cuatro décadas los derechos humanos de todo el pueblo cubano. Es el presidente Bush quien ha recrudecido ferozmente, hasta niveles sin precedentes, esta polí­tica agresiva y hostil en su obsesión por destruir a la Revolución cubana.

Nuestro pueblo conoce perfectamente que a Bush y a sus más í­ntimos asociados de la mafia anticubana les molesta el ejemplo que Cuba representa en términos de justicia social, verdadera democracia y respeto a los derechos humanos. Representamos una alternativa polí­tica, económica y social viable y contrapuesta totalmente a los ideales de dominación mundial y hegemonismo unilateral que tratan de imponer los actuales dirigentes del Gobierno estadounidense.

Es la Administración norteamericana la que, en flagrante violación de los principios del Derecho Internacional, crea, organiza y financia a grupúsculos de mercenarios sin escrúpulos y con vocación anexionista, para que conjuntamente con la Sección de Intereses norteamericana en La Habana realicen actividades ilegales contra el orden constitucional de la República de Cuba.

Es el Gobierno norteamericano el que permite que, desde el territorio de los Estados Unidos, organizaciones anticubanas planifiquen, organicen y ejecuten actividades terroristas contra Cuba, mientras mantiene injustamente en prisión a cinco jóvenes luchadores antiterroristas cubanos sometidos a condiciones de prisión y aislamiento increí­blemente duras.

Es la Administración estadounidense la que viola los derechos de millones de ciudadanos norteamericanos, al prohibirles que viajen a Cuba, que hagan negocios con nuestro paí­s o simplemente que aprecien el arte y la cultura cubanos. Nuevamente se evidencia que temen a la obra de la Revolución y por eso solo les queda el recurso de mentir.

Se equivocan nuevamente si creen que con espurias acusaciones y diatribas contra Cuba van a cambiar el curso de la Revolución y la decisión inquebrantable de nuestro pueblo de defender su independencia hasta la última gota de sangre.

Lamentamos que a tan pocas horas de las elecciones del 2 de noviembre nos veamos obligados a decir estas verdades.