Ví­ctor Báez Mosqueira, secretario general de la organización regional de la CIOSL (Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres) para las Américas, Antonio Rodrí­guez Fritz, de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte, Cameron Duncan, de la Internacional de Servicios Públicos, Rodolfo Bení­tez, de la Unión Network International (UNI), y Pilar Morales, de Comisiones Obreras de Madrid (CCOO-Madrid), debí­an asistir a la reunión regional de coordinación sindical de las Américas el último 02 de noviembre. Y también participarí­an, ayer, del IV Congreso de la Mujer Trabajadora CUT-Colombia. En los dí­as 30 de octubre y 1° noviembre, ellos llegaron al aeropuerto de Bogotá y de allí­ no pudieron pasar.

Hay denuncias de que el gobierno colombiano envió una lista al Departamento de Administración de Seguridad para impedir el ingreso de quienes estuvieron en el SOS del Sindicalismo Mundial Frente al Aniquilamiento del Sindicalismo Colombiano, una movilización nacional e internacional contra los asesinatos de sindicalistas en Colombia que se realizó el pasado 16 de septiembre y en la que participaron delegaciones de 23 paí­ses.

La medida está siendo motivo de protestas por parte de varias organizaciones sindicales y populares de todo el mundo, entre ellas Ecologistas en Acción, que trabaja con CCOO-Madrid, entre otras organizaciones, en el Comité Impulsor de la Asamblea Internacional de la Sociedad Civil por la Paz de Colombia.

Por lo tanto, los Ecologistas exigen el derecho a la libre circulación de las personas, el respeto del derecho de libre expresión y asociación, derechos fundamentales que en Colombia serí­an impedidos por el Estado y su gobierno. La entidad recuerda que el gobierno de Álvaro Uribe Velez está negociando con los grupos paramilitares un -perdón y olvido-, institucionalizando así­ el paramilitarismo en todo el paí­s, al mismo tiempo en que intenta desarticular a los movimientos sociales y a la oposición polí­tica.

– Responsabilizamos además a los gobiernos de la Unión Europea por los hechos ocurridos, y concretamente al gobierno español por su complicidad con el gobierno Uribe-, afirma.

Según una declaración de la CIOSL, que agrupa a 148 millones de trabajadores en el mundo, no es sorpresa el ocurrido. -Colombia lleva desde hace muchos años un triste récord de violencia y discriminación contra sindicalistas y en el curso de este año ya fueron asesinados más de 50 sindicalistas-. En lo que va del mandato de Uribe Vélez, más de 200 crí­menes violentos han sido ejecutados contra los sindicalistas. Según la agencia española EFE, el director de la policí­a secreta de Colombia (DAS), Jorge Noguera, dice que para realizar actividades diferentes al turismo, es necesario que los visitantes internacionales tengan una visa.

La indignación no va a parar en la protesta pues la expulsión de los lí­deres sindicales se someterá oficialmente ante la Organización Internacional del Trabajo, que esta semana examina una serie de quejas presentadas por el movimiento sindical debido a otras violaciones de la libertad sindical cometidas en Colombia por parte de las fuerzas militares y sus grupos paramilitares.

Según informaciones de las agencias de noticias, los agentes de migraciones retuvieron primero sus pasaportes y luego de unas horas les comunicaron que existí­a una lista de personas que no podí­an ingresar al paí­s por orden del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Intentaron obligar a Báez Mosqueira para que firmara una carta donde reconocí­a que no poseí­a visa para su entrada al paí­s, cuestión a la que se negó por cuanto su nacionalidad paraguaya no ameritaba tal requisito.

CIOSL/Orit (Organización Regional Interamericana de Trabajadores) pide que frente a la clara violación de las leyes nacionales y los Convenios Internacionales de la OIT se enví­en notas a las autoridades colombianas, rechazando esta nueva acción que se suma a la evidente ola represiva de violencia e impunidad que sufren los dirigentes sindicales.