Los comités de empresa de los centros de ejecución de medidas judiciales Renasco, Altamira y Madroño, con el apoyo de las organizaciones sindicales CC.OO., UGT y CSIT-UP, quieren denunciar ante la opinión pública que transcurridos nueve meses desde los encierros que protagonizaron los trabajadores de los centros públicos de ejecución de medidas judiciales exigiendo soluciones al problema de la masificación, la situación a fecha de hoy, lejos de resolverse, ha empeorado, incrementándose en un cien por cien el número de chicos que excede de la capacidad original de los centros.

Esta masificación incide negativamente en el desarrollo de los proyectos educativos, cuestionándose el espí­ritu reeducador y de reinserción social de la Ley 5/2000, incumpliéndose una parte importante de su articulado, además de vulnerarse derechos fundamentales de los menores amparados en la mencionada Ley. Transcurridos ya tres años desde la entrada en vigor de la Ley, la nefasta gestión de la administración ha llevado a un fraude de ley evidente, por lo que es el momento de empezar a depurar responsabilidades.

Por otra parte, también hay que denunciar que las inversiones en la mejora de las infraestructuras y plantillas han sido muy deficientes. La solicitud de mejora de plantilla presentada por los comités de empresa ha sido desestimada, procediendo a parchear chapucera y puntualmente manifestando la falta de presupuesto. No se puede entender cómo es posible decir que no hay presupuesto para atender una situación de necesidad tan precaria, cuando es más que probable que se devuelva una importante cantidad de dinero al cierre del ejercicio presupuestario por parte del Instituto Madrileño del Menor y la Familia.

Por todo esto, los comités de empresa y organizaciones sindicales quieren anunciar el inicio de movilizaciones para denunciar la situación y exigir que se presente un plan director que contemple la creación de la totalidad de plazas necesarias para acabar con la masificación, por una parte, y que se negocie a la mayor brevedad un plan de choque para la mejora de infraestructuras y plantillas que atienda las necesidades actuales de los centros.