El trabajo se define como la base fundamental de toda estrategia de integración social, no sólo como garantí­a de subsistencia, sino por el papel social fundamental que supone el mismo. Siempre que una persona esté en disposición de desempeñar un trabajo, debe tener la posibilidad de acceder al empleo en igualdad de oportunidades. En el caso de las personas con discapacidad, a pesar de la falta de datos precisos, no se puede negar que la integración se está produciendo a un ritmo mucho más lento de lo necesario.

En España existen 3.528.221 personas con algún tipo de discapacidad, según los últimos datos de la encuesta sobre discapacidades, representando el 9% de la población total. La inexistencia de instrumentos estadí­sticos que recojan el grado de inserción laboral de un colectivo tan amplio de la sociedad, denota cierta dejadez por parte de las autoridades hacia este segmento de la población.

Aún así­ diversas fuentes cifran el porcentaje de desempleo para este colectivo entre el 60 y el 70%, motivos suficientes para mostrarse insatisfecho , demostrando asimismo la existencia de prejuicios con respecto a estos trabajadores.

Las medidas encaminadas a superar esta situación son reiteradamente incumplidas y los Planes de Empleo del Gobierno olvidan a estos trabajadores. Las cuotas de reserva de puestos de trabajo contempladas en la LISMI, ya de por sí­ muy bajas, no se efectúan ni siquiera en la empresa pública. Asimismo las fórmulas de empleo protegido, como los Centros Especiales de Empleo, no están dando su fruto como ví­a de transición al empleo ordinario.

Es además necesario, contar con un sistema público de protección social, que garantice a las personas con discapacidad que no estén en condiciones de ejercer un puesto de trabajo, las prestaciones y los recursos necesarios a lo largo de su vida en función a sus necesidades básicas.

Para UGT, dentro de su ámbito de actuación, es necesario reconocer el derecho del acceso al empleo en igualdad de condiciones por parte de este colectivo. Hay que exigir el cumplimiento de las medidas de promoción del empleo para los trabajadores con discapacidad, estableciendo los mecanismos sancionadores que aseguren el cumplimiento de los cupos, y por supuesto avanzando en la ampliación de los mismos.

Asimismo es indispensable establecer un registro de especí­fico para estos trabajadores, que permita realmente establecer medidas de inserción laboral de los mismo, así­ como planificar las polí­ticas activas adecuada a sus necesidades.