En los últimos dos años aproximadamente 100 Kankuamos han sido asesinados, la mayorí­a en las manos de los paramilitares. En la última década este número sube para 200, pero la arremetida paramilitar a esta etnia sólo he empezado hace cuatro años.

El gobernador indí­gena, Jaime Arias, dijo a la prensa internacional que están buscando una manera pací­fica y jurí­dica para poner fin al genocidio de Kankuamos y que haya reparación. El año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos impuso medidas cautelares para acabar con los homicidios, pero después de esto, según Arias, ya se han presentado 15 casos de muertes.

De acuerdo a la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), su director para Colombia, Roberto Meier, dijo que el conflicto colombiano dejó muchos pueblos indí­genas vulnerables, pero los Kankuamos son unas de las ví­ctimas principales de la violencia polí­tica en el paí­s contra los indios.

La militarización de la región de Sierra Nevada como medida del gobierno para contener los asesinatos, según los indí­genas, no ha traí­do tranquilidad. Tanto así­, que los desplazados continúan sin regresar a su pueblo con miedo de nuevos actos de violencia por parte de los paramilitares. De la etnia de 13 mil Kankuamos, 1.000 están desplazados de su tierra originaria. Muchos permanecen en sus tierras impedidos de salir de sus territorios para huir del conflicto.

En este año, 60 nativos han sido ví­ctimas de muertes violentas. Se calcula que los indí­genas en Colombia son alrededor de 800.000. En agosto último, el coordinador del programa de derechos humanos de la Organización Indí­gena Kankuama ha sido asesinado con arma de fuego en el caso urbano de Valledupar. Michael Frí¼hling, de ACNUR, afirmó a la prensa que Arias se distinguí­a por su labor con los derechos humanos y era un conocido lí­der de una población indí­gena a la que han sido otorgadas medidas provisionales por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que -el Estado colombiano adoptara de forma inmediata las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad de los miembros de este pueblo indí­gena-.