– Así­, las llamadas entidades representativas indí­genas deben ser sólo escuchadas por el GTI acerca del Plan de Acción, de su revisión, de las acciones a ser priorizadas y del cronograma de implementación-, denuncia el Cimi. En el caso que sea creado de la manera en que está en la minuta, el GTI indigenista también dejará fuera de las discusiones a instituciones cientí­ficas y de apoyo. Éstas ni siquiera serán consultadas por el GTI en lo que se refiere a la elaboración del Plan de Acción de polí­ticas públicas y a la evaluación de su implementación.

El GTI indigenista será responsable de la definición de las acciones prioritarias para la ejecución de la polí­tica indigenista del gobierno y el seguimiento de su implementación. El Grupo deberá revisar el Plan de Acción elaborado por el Grupo de Trabajo de Polí­ticas Indigenistas, instituido en el ámbito de la Cámara de Polí­tica Social, en el cual deberán ser incluidos temas definidos por la Cámara de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional (Creden). Le corresponderá también al GTI definir acciones prioritarias del Plan y su cronograma de implementación. La evaluación de la ejecución de las acciones deberá ser realizada a través de reuniones mensuales del GTI.

El GTI será coordinado por el representante del Ministerio de Justicia y compuesto exclusivamente por representantes del gobierno, a través de los Ministerios de Justicia, Salud, Educación, Defensa, Desarrollo Social, Medio Ambiente, Minas y Energí­a y de Planeamiento. Y también de la Casa Civil y del Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia de la República, de las secretarí­as General y Especial de Derechos Humanos y de la Fundación Nacional del Indio (Funai).

– En caso de que el decreto interministerial sea efectivamente publicado, el gobierno estarí­a demostrando un claro desinterés en el cumplimiento de uno de los principales compromisos programáticos firmados con los pueblos indí­genas: el de respetar el derecho de participación de esos pueblos, sus comunidades y organizaciones, en las decisiones sobre las cuestiones que les atañen, principalmente en la formulación de la polí­tica indigenista-, resalta el Cimi. De acuerdo con la entidad, ese derecho de participación configura uno de los principios básicos de la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuya vigencia en Brasil el propio Ejecutivo inició el último dí­a 19 de abril de este año.

El Cimi afirma también que, desde el comienzo del Gobierno de Lula, fueron creados varios grupos de trabajo con el objetivo de elaborar una propuesta de polí­tica indigenista. Pero, hasta ahora, ningún resultado concreto fue presentado.