El Gobierno del Partido Popular quiere amargar la celebración de las próximas navidades a los más de 2.500.000 autónomos españoles. Un conjunto de medidas vienen a agravar la presión fiscal al colectivo, esquilmando aún más sus pirricas rentas, mientras quedan para mejor momento todas las ofertas electorales, y a cambio se reduce la fiscalidad a las medianas y grandes empresas.

En los pasados dí­as el Ministro de Hacienda ha introducido una enmienda a la Ley de Presupuestos, en trámite en el Senado, por el que se suben en cuatro pesetas los precios de los carburantes para automoción, abriéndose la posibilidad de que el aumento llegue a 8 ptas, si así­ lo decide cada Comunidad Autónoma.

Con la implantación del nuevo impuesto los sectores profesionales consumidores de carburantes como materia prima contribuirán en más de 90.000 millones de pesetas anuales a las Arcas del Estado, esto es, más de un 40% de lo que Hacienda espera recaudar por este concepto.

Como si esta medida no fuese suficiente, ahora el Ministro de Economí­a ha aprobado, por ví­a de urgencia y sin ninguna negociación, una Orden Ministerial que actualiza determinados valores de los módulos aplicables a las actividades incluidas en los regí­menes de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fí­sicas, y simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.

La actualización afecta a la práctica totalidad de las actividades, excepto agricultura y transporte, y será de un 4,8%, es decir un 150% de la inflación prevista para el 2002 que es de un 2%.

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de UGT se opone radicalmente a esta subida.
La subida de este impuesto afecta de manera directa a los 743.000 autónomos que según la declaración de 1999 lo hicieron a través de módulos objetivos, y que representan el sector más débil económicamente de este colectivo. Su rendimiento neto medio fue de 1.661.033 ptas., y si tenemos en cuenta un tipo contributivo medio del 17%, la nueva medida significa un mayor esfuerzo fiscal anual del colectivo en 10.070 millones de pesetas, todo ello sin tener en cuenta el efecto sobre la declaración simplificada del IVA.

Nuestros motivos de oposición son aún mayores si tenemos en cuenta lo siguiente:

No es cierto que los módulos aplicables estuvieran congelados desde el año 1996, ya que en la ley de Presupuestos de 2001, se eliminó la reducción general ente el 7% y el 12% que existí­a anteriormente, por lo que el mayor esfuerzo fiscal individual puede llegar en algunos casos al 17% en sólo dos años

No corresponde con la inflación prevista, que deberí­a ser el único í­ndice a aplicar en su caso

Se produce en un momento de decrecimiento económico que anuncia una reducción de las rentas resultantes para la mayorí­a de los trabajadores y profesionales autónomos.

La subida coincide con el impuesto especial a los carburantes que al no poderse desgravar implica un impacto negativo neto en las rentas profesionales.

Se carga sobre el IRPF la disminución fiscal aplicada al Impuesto de Sociedades que disminuye un 5% su tipo en el primer tramo de hasta 30 millones de ptas de beneficios, lo que demuestra que la cacareada polí­tica de fomento a las denominadas PYMES está pensada en exclusiva para las grandes y medianas empresas.

Aparece esta medida cuando se incumple permanentemente el compromiso de eliminar el IAE al menos para los autónomos, medida que lanzó, al parecer sólo como señuelo electoral, el actual partido del Gobierno.

Por otra parte en la Ley de Presupuestos se hace caso omiso de los compromisos incluidos en el Acuerdo de pensiones que el Gobierno firmó con CCOO y CEOE, por los que se contemplaba la extensión a los trabajadores autónomos de las prestaciones por accidente laboral y enfermedad profesional, así­ como la incapacidad permanente total cualificada.

Por todo lo anterior UPTA-UGT exige al Gobierno que pare ya la permanente agresión a un colectivo especialmente débil que tiene que soportar todas las crisis económicas, a pesar de ser el principal creador de riqueza y empleo en nuestro paí­s.