El nuevo Reglamento reafirma el trato de los niñ@s como peligrosos, no contemplando su real situación de -en peligro-, así­:

– No regula las garantí­as exigidas en las reivindicaciones del movimiento asociativo, que se encuentra muy preocupado con las graves denuncias formuladas contra Centros de Menores, regulando bajo mí­nimos la inspección de centros. Es más se obvia cualquier mención al tejido asociativo que lleva a cabo una parte importante del trabajo educativo en los barrios, cuya opinión no ha sido consultada.

– No vela por el interés supremo del menor y por la resocialización, fin último de toda intervención sobre el menor, sino que es una opción clara y terminante por el castigo ejemplarizante, eximiéndose el estado de toda su responsabilidad social. Sólo se menciona en una ocasión las recompensas y créditos como mecanismo para animar al menor a desarrollarse, por lo que deja a un lado las caricias positivas que necesita el chaval.

– No apuesta por la reinserción, lo que es claro si se analiza la Exposición de Motivos de la Ley Penal del menor, que señala que el desarrollo debe de seguir los principios y criterios educativos a que ha de responder cada una de las medidas, y que en concreto la perspectiva serí­a la sancionadora-educadora- debiendo primar el interés del menor en todo momento, que debe ser atendido por especialistas en las áreas de la educación y de la formación (norma 11). No obstante, el Reglamento obvia toda referencia al carácter educativo, no apareciendo en ni una sola ocasión las palabras
– educación- y -formación-. La única perspectiva tenida en cuenta ha sido la sancionadora.

El Reglamento es en el mejor de los casos un mero calco "“a veces textual- del Reglamento Penitenciario establecido para mayores. Se copia entre otros el régimen restrictivo de permisos y el aislamiento como sanción (sólo 2 horas diarias de paseo), que podrá ser de hasta 7 dí­as seguidos.

En otras ocasiones es más represivo que el Reglamento establecido para los presos mayores, contraviniendo el mandato de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la Fiscalí­a General del Estado que consideró como derechos mí­nimos infranqueables los establecidos para mayores, endureciéndose entre otros los siguientes extremos: se consideran como faltas muy graves hechos que son catalogados como graves para los mayores (tales como introducir o consumir drogas, llegando a tipificar como falta grave retornar al centro tras la hora prevista aún en el mismo dí­a) imponiendo sanciones más duras que para los mayores (3 a 5 fines de semana frente a 5 dí­as para los mayores en el caso de tenencia de sustancias); se crea un nuevo tipo de sanción que no existe para mayores, por lo que existen dos sanciones distintas: las disciplinarias (previo procedimiento disciplinario, antes analizadas) y correcciones educativas; se limita el número de dí­as concedidos para los permisos extraordinarios a 4 dí­as frente a los 7 previstos para los mayores; se impide el derecho a la defensa, pues al menor sólo se le permite que le asista el abogado defensor o representante del menor en las causas que se sigan contra él o por las cuales estuviere internado.

Se violan distintas Reglas de las ONU, en concreto las destinadas a
– la protección de los menores privados de libertad-, al permitir el Reglamento:

– El aislamiento. El punto 47 de las citadas reglas disponen que el
– menor dispondrá diariamente del tiempo suficiente para practicar ejercicios fí­sicos al aire libre si el clima lo permite... y del adicional para actividades de esparcimiento-, y el 67 mantiene que
– Estarán estrictamente prohibidas todas las medidas disciplinarias que constituyan reclusión en celda oscura y las penas de aislamiento o de celda solitaria-)

– La utilización de medidas coercitivas tales como defensas de goma, que podrán ser portadas por vigilantes de seguridad. Práctica igualmente prohibida por las citadas Reglas, que señalan en el punto 65 que deberá prohibirse el recurso a instrumentos de coerción y a la fuerza con cualquier fin, estando prohibido al personal portar y utilizar armas y la participación de personal ajeno al interés educativo, sin formación y capacitación profesional.

– El desarraigo familiar, permite estar lejos de la residencia familiar, incluso en otras Comunidades Autonómicas, incluso por dejadez de la Administración al carecer de plazas disponible adecuada por plena ocupación -o por otras causas-.. Las Reglas Mí­nimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores de Pekí­n de 1985, prescriben que -ningún menor podrá ser sustraí­do, total o parcialmente, a la supervisión de sus padres-. El Comité de Ministros del Consejo de Europa, en sus Recomendaciones R (87) 20 de 1987 sobre Reacciones sociales ante la delincuencia juvenil.

Por ello, se solicitará al Gobierno la SUSPENSIÓN indefinida de todos los extremos del Reglamento mencionados anteriormente, a fin de que se dicte otro que respetando los principios anteriores, goce de las aportaciones de las asociaciones ahora, interponiéndose entre tanto el RECURSO correspondiente ante el Tribunal Supremo, confiando en que el citado órgano anulará el texto en su integridad, o en los artí­culos que más vulneran los derechos humanos de los menores.