Fueron primero los intentos por eludir todo tipo de responsabilidades y dar carpetazo al caso por parte de las autoridades gubernativas de aquél momento. Por ejemplo la acelerada expulsión de los supervivientes por parte de la Subdelegación del Gobierno que podrí­an haber aclarado muchas de las circunstancias del naufragio. También el subdelegado del gobierno intentó eludir sus responsabilidades culpando al capitán del Focs Tenerife. Por su parte, el entonces Director de la Guardia Civil, llegó a decir que la misión del cuerpo no es salvar náufragos sino detener gente y el entonces Delegado del Gobierno para la Extranjerí­a en el Congreso, aparte de no reconocer los problemas existentes, volvió a tirar balones fuera culpando a las mafias de todo lo ocurrido.

Los muchos deseos de echar tierra encima llevaron pronto al fiscal a solicitar el archivo del caso abierto en los juzgados de Rota para aclarar las responsabilidades por lo ocurrido. La juez acordó el archivo del caso el pasado mes de Junio.

Del mismo modo los partidos polí­ticos mayoritarios, también en junio pasado, votaron en contra de que el Parlamento andaluz formara una comisión para la investigación de los hechos ocurridos aquél aciago 25 de octubre. En el caso del PSOE desdiciéndose de todo su posicionamiento previo cuando estaba el PP en el Gobierno.

Curiosamente los que siempre se enfrentan por todo, supieron ponerse inmediatamente de acuerdo para echar tierra encima sobre la muerte de 37 personas.

En la otra orilla, aparte de algunas manifestaciones de la sociedad civil, la dejadez y el desprecio a sus ciudadanos fue la actuación del gobierno Marroquí­, que durante todo este año se desentendió del asunto e incluso puso todo tipo de trabas para la identificación de cadáveres o para la reclamación de compensaciones por parte de los familiares.

Lo cierto es que no se rescató a nadie y que los cadáveres los fue devolviendo poco a poco el temporal y la mar. Pero la falta de diligencia en esta identificación que permitiera la repatriación, también ha existido por parte de nuestro gobierno, que no ha puesto todos los medios necesarios para ello. Más de un año han tardado en enterrarse los últimos doce muertos sin que se haya conseguido localizar a sus familiares y en medio de una macabra discusión acerca del pago de los costes del tanatorio y el entierro. Dice poco de nuestro sistema el resultado final de tan trágico suceso

Aparte de algunas iniciativas de ONGs, menos diligencia aún ha existido a la hora de buscar unas mí­nimas compensaciones a los familiares de las victimas. Y menos preocupación por parte de la administración, de la cual todaví­a se espera la visita de un ministro o de una flamante secretaria de Estado. Por lo visto hay muertos de primera y muertos sin rostro y sin nombre, de segunda categorí­a.
La catástrofe del 25 de Octubre en Rota, se ha convertido sin duda en uno de los más graves sucesos de la emigración clandestina que puso de manifiesto la descoordinación, la falta de claridad en las actuaciones y algunas responsabilidades en los hechos.

También puso de manifiesto la falta de medios de salvamento en una provincia que soporta en sus costas más del 10% del tráfico marí­timo mundial. Así­ como la falta de protocolos de actuación suficientemente precisos y planes de urgencia ante catástrofes marí­timas.

La pregunta que las ONGs nos hacemos.... ¿en cuantas de las actuaciones frente a las pateras prima la detención sobre el auxilio? ¿En cuantas muertes por la inmigración clandestina ha ocurrido lo mismo sin que haya trascendido a la opinión pública?

La patera de Rota se convierte también en un trágico sí­mbolo de la actual polí­tica respecto a la inmigración por parte del Gobierno de España y por parte de la Unión Europea. Una polí­tica que refleja una lógica según la cual la inmigración no es un derecho y los inmigrantes ya no son personas con derechos que deben ser protegidos y respetados, sino que son personas que suponen una amenaza frente a la que Europa debe protegerse.

La actual polí­tica de cierre de fronteras responde a esa lógica y se ha acentuado tras los atentados del 11 de septiembre: desde ese momento los inmigrantes están abiertamente asociados a la "amenaza terrorista". Por consiguiente las medidas restrictivas se multiplican, presentadas como otros tantos medios de "gestión de una inmigración controlada", ignorando lo que conllevan de atentado a los derechos fundamentales.

En España, al igual que en el resto de Europa, se imponen las polí­ticas policiales frente a la inmigración, elevando las barreras fí­sicas y jurí­dicas en mitad del camino de aquellos que desean entrar.
El resultado ya es conocido. Pese al SIVE son miles los inmigrantes detenidos y otros tantos los que han logrado franquear la barrera. En medio a lo largo de este año, han perdido la vida como mí­nimo 150 personas que quedaron en el camino. Y se multiplican los campamentos de fortuna a las fronteras de Europa, pro ejemplo tras las alambradas de Ceuta y Melilla, en los que malviven en condiciones infrahumanas cientos y cientos de personas a la espera de poder encontrar un hueco en las murallas que construimos para impedirles la entrada.
La Asociación Pro Derechos Humanos seguirá luchando para modificar esta polí­tica inhumana y cruel.

Y en tanto, con respecto a la patera de Rota, desde Derechos Humanos

– exigimos la reapertura del procedimiento que se cerró en falso para determinar todas las responsabilidades y evitar así­ que sucesos como aquél puedan volver a repetirse

– en el mismo sentido creemos imprescindible la puesta en marcha de una comisión parlamentaria para investigar polí­ticamente, porque el grave naufragio de Rota pone también en cuestión muchas de las polí­ticas seguidas hasta el momento respecto a la inmigración

– creemos que deben revisarse todos los medios de salvamento y actualizarlos, así­ como los diversos planes de contingencia ante posibles catástrofes marí­timas

– pedimos también que, aunque nada repara la vida de un ser querido y menos en estas circunstancias, que se pongan todos los medios para devolver los cadáveres que quedan a sus seres queridos, así­ como que se compense de alguna forma a los familiares de las ví­ctimas que procedí­an la mayorí­a de una de las zonas mas deprimidas de Marruecos

– finalmente, la Apdha, pide a los partidos polí­ticos, a la Junta de Andalucí­a y al Gobierno, que cumplan con sus responsabilidades, y que, por tanto, se pongan en marcha medidas similares a las enunciadas, que no van sino en el camino de la dignidad de las personas y el respeto a los derechos humanos.