– Rechaza toda propuesta de creación de centros de acogida y/o de internamiento de la Unión Europea, y de tramitación de solicitudes de asilo, fuera del territorio de la Unión, por considerar que se trata de iniciativas contrarias a los principios del Derecho internacional en materia de derechos humanos y de refugiados, y que intentan eludir tanto las obligaciones internacionales de los Estados miembros como el efectivo control jurisdiccional de los tribunales nacionales de los paí­ses de la UE sobre las decisiones recaí­das en los procedimientos de asilo.

– Considera que las medidas de apoyo al desarrollo de sistemas de asilo en terceros paí­ses deben tener realmente dicha finalidad, y llevarse a cabo en el marco de un compromiso global de reparto de cargas y responsabilidades con las regiones de origen, que contemple igualmente otras medidas como las entradas protegidas o el reasentamiento, y rechaza que dichas medidas de apoyo se utilicen aislada e interesadamente en el Zagreb para crear un cinturón de terceros paí­ses fronterizos con la UE, falsa y formalmente considerados seguros, a los solos efectos de poder inadmitir o denegar la presentación de las solicitudes de asilo de las personas necesitadas de protección internacional que transiten por ellos.

– Solicita que las medidas de apoyo al desarrollo de sistemas de asilo en los paí­ses del Magreb se acompañen de una permanente evaluación sobre la situación real de los derechos humanos y de los sistemas de asilo en dichos paí­ses, en relación con unos claros objetivos y garantí­as mí­nimas a alcanzar por los mismos, y que, en tanto no se alcancen dichos objetivos, se excluya a dichos paí­ses de la consideración de -terceros paí­ses seguros-, a los efectos de lo dispuesto en la Directiva del Consejo sobre normas mí­nimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar el estatuto de refugiado.

La cuestión de los centros para refugiados o centros de tramitación fuera de la UE comenzó a tratarse a raí­z de una carta remitida por el Reino Unido en marzo de 2003 a la presidencia de la UE, en la que se proponí­a una -mejor gestión del sistema de asilo-, enviando a los solicitantes a paí­ses fuera de la UE (Ucrania, etc), donde permanecerí­an mientras se tramitaban sus solicitudes, y desde donde serí­an expulsados si se inadmití­an o denegaban. La propuesta británica fue rotundamente rechazada por las ONG, que calificaron la idea de -campos de concentración-. El 3 de junio de 2003 la Comisión de la UE entró en el debate publicando una Comunicación titulada
– Hacia sistemas de asilo mejor gestionados, más accesibles y equitativos-, en la que sugerí­a que antes de la -solución inglesa- habí­a otras medidas como el reasentamiento, los procedimientos de entradas protegidas, etc, y planteaba que cualquier propuesta en terceros paí­ses deberí­a plantearse siempre como complementaria, y nunca como sustitutiva de los sistemas nacionales de asilo.

El debate sobre los centros fuera de la UE volvió a la agenda polí­tica y a los medios de comunicación este verano, a raí­z de unas declaraciones del Ministro del Interior alemán Otto Schily, rodeadas de una gran confusión. En el Consejo informal de Ministros del Interior del pasado 1 de octubre se expresó la preocupación de los Estados por la situación de los inmigrantes y solicitantes de asilo que están llegando por mar a los paí­ses del Sur de la UE, especialmente a través de mafias. En este contexto, el comisario de Justicia e Interior, Antonio Vitorino, informó a los representantes de los Estados miembros sobre el estado de tres proyectos piloto financiados por la Comisión, relativos a control de fronteras, y anunció su interés en financiar, junto con Holanda, otro proyecto piloto para el establecimiento de centros de acogida de solicitantes de asilo en paí­ses del Maghreb, donde puedan permanecer las personas que soliciten asilo en dichos paí­ses. Dicho proyecto piloto tiene un presupuesto de 1 millón de euros (800.000 los pone la Comisión y el resto Holanda), tiene como objetivo fortalecer los sistemas de asilo de los paí­ses de la zona, retomando algunas ideas del proyecto presentado por ACNUR en 2003, y contempla al parecer que algunos de sus beneficiarios puedan ser trasladados a la UE.

No se hablaba ya de crear centros de la UE fuera del territorio comunitario, sino de financiar centros de terceros paí­ses, y promover los sistemas de asilo de los paí­ses de alrededor de la UE, entre ellos especialmente los del Magreb, al objeto de que dichos paí­ses, además de colaborar en el control de fronteras, ratifiquen la Convención de Ginebra de 1951, establezcan procedimientos de asilo que funcionen, centros de acogida dignos, etc.

Planteado de esta forma parece un objetivo intachable y legí­timo, pero cabe preguntarse si estas medidas en realidad persiguen promover los sistemas de asilo de los paí­ses fronterizos con la UE. No hay que perder de vista que la Directiva del Consejo sobre normas mí­nimas para los procedimientos que deben aplicar los estados miembros para conceder o retirar el estatuto de refugiado permite que los Estados miembros de la UE consideren una solicitud de asilo como inadmisible cuando el solicitante haya transitado por un tercer paí­s considerado
– seguro- o tenga ví­nculos estrechos con el mismo, llegando al extremo de poder denegarse la presentación de una solicitud de asilo y la entrada en el territorio.

Estarí­amos ante un intento de construir, a precio de saldo, un cinturón de paí­ses aparente-mente seguros alrededor de la UE, al objeto de que todos los solicitantes de asilo que hayan transitado por dichos paí­ses vean sus solicitudes irremisiblemente inadmitidas, o incluso que se vean imposibilitados para presentarlas, blindando así­ el territorio de la UE y eludiendo responsabilidades internacionales. Se habrí­a pasado así­, en un año, de la abierta ilegalidad contenida en la propuesta inicial del Reino Unido, al fraude de ley en la propuesta de Italia y Alemania, ya que se amparan en la ley para perseguir un resultado que la contraviene.