Los habitantes de los pequeños pueblos de la Sierra Norte están siendo testigos del aumento ficticio de la población de sus municipios. Las subvenciones que reciben los Ayuntamientos por cada habitante y sobre todo, el deseo de eliminar el régimen de Concejo Abierto es lo que mueve a la mayorí­a de los responsables municipales a censar a personas que viven habitualmente en la capital, donde tienen su primera residencia.

El Concejo Abierto es un régimen asambleario donde todos los electores son concejales y, aunque, se elige a un alcalde, todas las decisiones deben ser debatidas, aprobadas o vetadas por los habitantes del pueblo. Este sistema es válido para municipios con menos de 100 habitantes, por encima de esta cifra se pasa a un régimen cerrado. Los intereses especulativos de algunos de los representantes municipales de estos pueblos chocan con este sistema de decisión.

En los últimos años los representantes locales no residentes en el municipio han ido aumentando. Generalmente estas personas están vinculadas al sector inmobiliario y de la construcción y ven en estas zonas de paisajes aún ví­rgenes un paraí­so para la especulación. Así­, los pueblos de la Sierra Norte han duplicado, triplicado o incluso multiplicado por diez su población en poco tiempo, una población fantasma. Es el caso de La Hiruela que con diez habitantes habituales posee, sin embargo, un censo de 100 personas. Las injusticias sociales derivadas de esta manipulación en los empadronamientos son evidentes, los intereses de los habitantes reales se ven relegados por una población ficticia, que como mucho, aparece los fines de semana.

A pesar de que la normativa vigente (Leyes de Bases de Régimen Local, Ley de la Función Estadí­stica, Ley Electoral) obliga a empadronarse en el municipio donde se habite durante más tiempo al año, los responsables municipales invitan a cualquiera a inscribirse en el Padrón del Municipio. Así­, son muchos los proyectos propuestos y aprobados que lejos de dar soluciones a los habitantes de estos pueblos se están convirtiendo en negocios privados.

Por estas razones, Ecologistas en Acción y los vecinos de la Sierra Norte han iniciado una campaña informativa y de denuncia de esta situación. De momento se está buzoneando los pueblos para informar de las obligaciones y derechos que marcan las Leyes vigentes. La infracción de esta normativa puede acarrear multas comprendidas entre 50.000 pta y 5.000.000 millones de pta.