El 14 de septiembre el Juez en lo comercial y civil Juan Manuel Gutiérrez Cabello, ejecutó la quiebra de de la textil más grande de Argentina, Gatic S.A. Cerca de 1500 trabajadores de Coronel Suárez, representados por el Sindicato del Caucho y Afines (Socaya) y Seca, habí­an presentado un pedido de quiebra por un monto de cuatro millones de pesos, por sueldos adeudados. Inusitadamente dos dí­as antes de que el Juez decretara la quiebra, los mismos, presentaron la solicitud para revocar la medida. El argumento se basó en un acuerdo de pago con los propietarios. Sin embargo el juez no la aceptó y ejecutó la quiebra. En la resolución judicial, expediente 81295 se detalla:

\"Finalmente ("¦) la peticionante de la quiebra y la deudora manifestaron haber arribado a un acuerdo en cuanto al pago de las acreencias reclamadas ("¦). Así­, Gatic S.A, ofreció abonar la suma de $ 1.200.000 a favor de los acreedores reclamantes y a fin de abonar dicha suma expresa que solicitará en los autos principales la autorización de venta de cierto inmueble. Asimismo, los demás créditos de los peticionantes se efectivizaran a partir de la percepción del canon derivado del contrato de arrendamiento con la firma \"Indular\" correspondiente a la cuota 25 en adelante en pagos de 20 cuotas\"("¦)

Dicho acuerdo no puede ser aceptado por el Tribunal, habida cuenta que se pretende realizar un bien del activo para abonar el crédito de ciertos acreedores en desmedro del resto ("¦) Además, ello importa la admisión de la deudora de no encontrarse en fondos para atender el pago de la sumas por las que se peticiona la quiebra.

La sentencia contempla la inhibición general de la totalidad de los bienes. Además prohibió la salida del paí­s a tres miembros de su directorio, Eduardo Ietvart Bakchellian, Fernando Eduardo Bakchellian y José Fernando Bagcheian. Al mismo tiempo ordenó que se proceda a la clausura de todos sus establecimientos. La firma cuenta con once plantas y tiene a su cargo 5.000 empleados. De los 97 pedidos de quiebra, el de los trabajadores de Coronel Suárez fue el que logró la ejecución. La ejecución recayó sobre el nombre de Raúl Agotegaray, delegado gremial del Sindicato del Caucho y Afines (Socaya) de Coronel Suárez, representando a más de mil trabajadores de esa planta, por un monto de 4.000.000 pesos.

Gatic tiene una deuda concursal de 535 millones de pesos, de los cuales 280 millones son de la AFIP, 130 millones con los Bancos Nación, Provincia y Ciudad, y 70 millones con los trabajadores, mientras que los 55 millones restantes corresponden a otros acreedores. Además, contrajo una deuda post-concursal de 140 millones de pesos, prohibida por la justicia una vez presentado el concurso. La empresa entró en cesación de pagos el 24 de julio de 2001 ante la imposibilidad de hacer frente a una deuda que, sobre finales de la convertibilidad, alcanzaba los 340 millones de dólares. Hoy, gracias a la pesificación, el pasivo del grupo textil es de 535 millones pesos. En la resolución judicial, Gutiérrez Cabello ordenó el \"cierre de todas las cuentas bancarias que posea la fallida en entidades financieras, cuyos saldos deberán ser puestos a disposición de este tribunal\". Mientras tanto la Cooperativa textil Pigué, quien también habí­a manifestado el pedido de quiebra, presentó al magistrado, el pedido de continuidad laboral. El mismo está contemplado en el artí­culo 190 de la ley de quiebra, el cual expresa que el Juez podrá darle la continuidad de laboral a los trabajadores conformados en cooperativas de trabajo.

Asimismo, los trabajadores presentaron en la Legislatura Provincial el proyecto de expropiación de las tres plantas, las maquinarias, los bienes intangibles y que se ceda en comodato a los trabajadores para reiniciar la producción. La argumentación esgrimida al juzgado es que: \"si la provincia expropiara los bienes no tendrí­a ningún costo fiscal posterior ya que los créditos privilegiados los tienen la propia provincia y los trabajadores. Indefectiblemente se podrí­a compensar para hacer efectivo el pago de la expropiación\".

Además elaboraron un plan de rentabilidad para las plantas de Pigué. Al mismo tiempo, el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), elaboró una propuesta en la que puntualizaron que con la capitalización de los créditos privilegiados de los trabajadores y el acuerdo con el Estado, quien es poseedor de las hipotecas sobre los inmuebles y prendas sobre las maquinarias, se conformarí­a una cooperativa en cada una de las plantas. Cada una de ellas serí­a gestionada por cooperativas de trabajo autónomas, con posibilidad de una integración vertical de la producción, entre las conformadas, cuando el mercado lo exigiera en complementación de producción. Por otra parte, Francisco Martí­nez, trabajador de Pigué manifestó :\"hoy hay grandes empresas que estarí­an dispuestas a comprar nuestra producción, proveyendo la materia prima para su elaboración lo que significarí­a no necesitar al principio capital de trabajo\" \""¦Quizás, a veces, ganamos mas que un trabajador de una empresa capitalista, quizás, ganemos menos, pero los trabajadores de las Empresas Recuperadas somos privilegiados al saber que tenemos asegurado un lugar donde desarrollar nuestra labor y nuestro saber\".

El magistrado recordó que, tras esa paralización, Gatic propuso celebrar un contrato de locación de cuatro de sus plantas con la firma Indular, que el tribunal decidió considerar \"siempre y cuando se presentara documentación con las conformidades requeridas de los acreedores hipotecarios y prendarios de la textil, entre otros requisitos\". \"Desconozco las razones por las cuales las entidades bancarias ni han prestado conformidad ni han rechazado las solicitudes que les fuera peticionadas, por lo que cabe concluir que no existe otra posibilidad distinta a la declaración de quiebra de la deudora\", señaló el fallo.

El fondo de inversión Indular, liderado por el ex Alpargatas Guillermo Gotelli, pretendí­a hacerse cargo de cuatro plantas de esa compañí­a. La ejecución de la quiebra se produjo en medio de negociaciones que la familia Backellián estaba llevando adelante con Guillermo Gotelli representante de Indular Manufacturas, para concretar un lysing de las plantas Pilar, las Flores, Coronel Suárez y Pigué. Esta última la más importante de Gatic, porque provee en un 80 por ciento los insumos para el resto de las plantas manufactureras.

Indular Manufacturas S.A, presidida por Gotelli, es una empresa que se habí­a formado seis meses antes, sin ningún tipo de actividad previa, lo que confirma que era una sociedad creada especialmente para obtener Gatic. La misma comprarí­a los activos de hipotecas y prendas de un valor de 54 millones de dólares, en poder del fideicomiso del Banco Provincia, por sólo 8 millones de pesos. A causa de la denuncia y oposición de los trabajadores y el MNER, el empresario anunció que desembolsarí­a 25 millones de pesos. Pese a que Gotelli anunció públicamente que el acuerdo estaba cerrado, ningún banco habí­a dado la conformidad.

Asimismo, \"el plan de salvataje\" jamás tuvo en cuenta a la planta madre del grupo (San Martí­n) que -con la autorización del juez Juan Manuel Gutiérrez Cabello-, desde hace seis meses está siendo explotada por trabajadores que conformaron la Cooperativa Unidos por el Calzado. Esta alternativa intenta ser imitada por los empleados de la planta de Pigí¼é, quienes, también habí­an elevado al magistrado otro pedido de quiebra de la empresa por una deuda pre-concursal de 200 mil pesos que corresponde a sueldos atrasados desde 2001 a 107 trabajadores de esa planta.

Quiebra Gatic, quiebra Gotelli

El 29 de agosto de 2001, Fabián Bakchellian, a cargo por primera vez de la presidencia del grupo, dispuso que Gatic se presentara en convocatoria de acreedores, lo que provocó la inmediata reacción de su padre, quien decidió retomar el control de Gatic, hasta que el 6 de octubre de 2003 lo volvió a perder por segunda vez. En esta ocasión fue desplazado del directorio por decisión unánime del resto de sus integrantes, que volvieron a depositar todas sus esperanzas y el futuro de Gatic en manos de Fabián. Este, apenas asumió por segunda vez la presidencia de la textil, se puso a trabajar en la búsqueda de capitales frescos para la reactivación de la empresa. Guillermo Gotelli, era el nombre clave.

Por otro lado, la cooperativa de Pigué denunció que Guillermo Gotelli era representante de Leucadia Corporation S.A, conocido fondo buitre, que se dedica a la adquisición de empresas a precios irrisorios. Bajo el gobierno menemista, Leucadia compró la Caja de Ahorro y Seguro, y vendió su parte al actual presidente de la bolsa de comercio, Julio Werthein, quien además, tiene acciones en Telefónica. Asimismo Guillermo Gotelli es una figura que integra la Unión Industrial Argentina-UIA. Preside el Grupo Industriales (liderado por Techint), que dentro de la UIA es minoritario, pero tiene muy buena llegada al Gobierno, principalmente con los ministros Roberto Lavagna, Carlos Tomada y Julio De Vido. Además Gotelli, fue presidente del directorio de Alpargatas y es hoy uno de los representantes en la reunión de la mesa de salario. Su familia era dueña del desaparecido Banco de Italia.

Cómo quiebra Gatic

Dos dí­as antes de que se ejecutara la quiebra, 800 trabajadores de Coronel Suárez decidieron pedir la revocación de la misma. En diciembre de 2003 los gremios de esa localidad, no tení­an representación en la mesa de negociación, integrada por el Juez, los bancos acreedores, la familia Backellián y su supuesto inversor, Guillermo Gotelli. Por ello, los sindicatos con aval de más de 1000 trabajadores de esa planta, le otorgaron a un abogado un poder de representación para ser considerados en dicha mesa. Según una fuente que pidió no ser identificada \"el gremio centralmente odiaba a los Backellián, pero la quiebra la ejecutó el abogado porque querí­a cobrar los honorarios"¦\" \""¦ los obreros querí­an trabajar, entonces intentaron revocar el poder al abogado y desestiman el pedido de quiebra, poniendo por encima de todo, la recuperación por la fuente de trabajo\". Pese a ver divergencias de opiniones, entre los trabajadores, 800 de ellos firmaron la solicitud para revocar el pedido de quiebra. Ello se sustenta en que la planta de Coronel Suárez, avalaba la propuesta de lysing que Guillermo Gotelli estaba negociando con la familia dueña de la compañí­a.

Divide y reinarás

El 12 de agosto pasado, los 180 trabajadores de la planta de Pigué, fueron desalojados por 200 efectivos, a raí­z de una denuncia por usurpación emitida por la familia Backellián. Sin embargo los trabajadores nunca habí­an recibido un telegrama de despido. Pero la planta no habrí­a de durar vací­a. El conflicto comenzaba a tornarse más problemático. Luego del desalojo, Gotelli no se hizo esperar. Una bandera posó en la entrada de la planta, en la que ufanaba que Indular Manufacturas reactivarí­a la producción. Mientras tanto, a menos de 50 km, en Coronel Suárez, una asamblea de más de mil trabajadores, habí­a aceptado las nuevas condiciones laborales incentivados por los dos sindicatos que actúan como representantes de Gotelli. Socaya y Seca, ambos gremios con representación en Coronel Suárez, lograron que trabajadores firmaran convenios individuales que son validados por el juez. En los convenios subyace que los trabajadores, no tienen derecho a reclamo por la pérdida de los derechos laborales y salariales.

Sin ir más lejos \"divide y reinarás\", fue el slogan que utilizó Gotelli para que los trabajadores se enfrentaran entre sí­. Luego del desalojo, 10 obreros de Pigué aceptaron cobrar 250 pesos y permanecer en la planta, con la promesa de que una vez cerrado el acuerdo, serí­an empleados. Lo que Guillermo Gotelli, nunca les contó era que no contaba ni con el dinero, ni con el aval de los acreedores para concretar la puesta en marcha. El \"empresario\" no podí­a operar la planta, porque no tení­a conformidad de los Bancos para comenzar su reactivación. Mientras tanto, los trabajadores de Pigué acampan en las cercaní­as y desde ese entonces, están ejecutando todas las medidas legales necesarias para lograr la continuidad laboral bajo la modalidad de cooperativa.

En ese transcurso, José Fabián Gonzáles y Daniel Moro, trabajadores de Gatic Pigué nucleados en la Cooperativa de Trabajo Textiles Pigué, presentaron junto a Eduardo Murúa del MNER una acción de amparo, en la que denunciaron el fraude y la estafa orquestado por el Fideicomiso del Banco Provincia de Buenos Aires (Bapro), el Banco Nación, el Banco Ciudad, el Estado de la Provincia de Buenos Aires y el Estado Nacional contra los trabajadores y el pueblo. El amparo esta fundamentado en una serie de actos arbitrarios que se sucedieron en esos dí­as, tendientes a entregar GATIC SA a un precio irrisorio.

Prontamente, los trabajadores de Pigué, festejarí­an la quiebra pronunciada por el Juzgado Comercial 7. Sin embargo la planta de Pigué seguí­a ocupada por trabajadores rentados de Gotelli. Cuando se decretó la quiebra, representantes del gremio amenazaron a José Abelli, vicepresidente del MNER, de que \"lo iban a matar\". Los trabajadores de Coronel Suárez junto al Sindicato de Obreros del Caucho y Afines (Socaya) y Seca estaban a favor de que Gotelli se hiciera cargo de las plantas. Tras la quiebra, el gremio envió trabajadores de Coronel Suárez y personas ajenas a Gatic a reforzar la ocupación de la planta de Pigué, quien estaba, sin autorización legal, ocupada por Indular Manufacturas. Hoy solamente está ocupada por cinco trabajadores. Mientras tanto, los trabajadores piguenses, siguen en la calle.

Sin embargo sigue habiendo esperanzas entre los obreros de Pigué. El viernes primero de octubre, Guillermo Gotelli anunció que retiró el pedido de lysing por las tres plantas de Pigué y pedirá solamente por las de Coronel Suárez, Las Flores y Pilar.

Frente a ello, Francisco Martí­nez, secretario de la cooperativa textil Pigué expresó \"El juez Francisco Cárrega tendrá la oportunidad de que con su resolución se haga verdadera justicia, deje en manos de los trabajadores la empresa, se recuperen todos los puestos de trabajo, con el consabido beneficio económico para todo el pueblo de Pigí¼é. No hay ninguna razón para no hacerlo, ya que los créditos privilegiados en su totalidad están en manos de los trabajadores y el Estado\". \"Estamos realizando todas las gestiones necesarias para poder adquirir la continuidad laboral.\"

Tras decretar la quiebra, el magistrado pidió licencia por un año, a raí­z de un infarto inesperado. Al presente la causa quedó en manos del juez Francisco Cárrega.