Este perí­odo corresponde al atraso del gobierno brasilero en atender al compromiso firmado en 1990 entre las naciones signatarias del pacto de remitir a Ginebra, en el lapso de dos años, el informe referente a la asistencia pública prestada a la niñez y a los adolescentes en el paí­s.

El gran avance en términos normativos, evidenciado en leyes como el Estatuto de la Niñez y del Adolescente (ECA), parece haberse transformado en la cuna espléndida donde reposaba el gobierno y hasta la misma sociedad civil frente a la urgente necesidad de aplicar con calidad estas directrices.

– No tenemos una cultura profunda de derechos humanos, lo cual implica que gestores y sociedad no fundamenten sus acciones en la lógica de los derechos, sino solamente en la lógica de las necesidades-, explica Renato Rosendo, coordinador de la Asociación Nacional de los Centros de Defensa de la Niñez y del Adolescente (ANCED).

Rosendo estuvo presente en la defensa del informe, hecha por Brasil en septiembre, que motivó las observaciones de la ONU sobre el asunto, como también participó de la elaboración del informe paralelo entregado por la sociedad civil brasilera al organismo internacional. Las recomendaciones de la ONU, las diferencias entre los dos documentos y las cuestiones principales para la implementación de la CDC en el paí­s, están presentes en la entrevista concedida por el defensor de los derechos de la niñez a Adital.