Este aumento de los niveles de contaminación electromagnética viene determinado por la superposición de las redes de las diferentes operadoras y la multiplicación por tres del emplazamiento de las nuevas infraestructuras de telecomunicaciones asociadas a los teléfonos móviles de tercera generación que van a suponer un número de 22.000 nuevas antenas

Esta organización medioambiental quiere denunciar también la estrategia de las operadoras de telefoní­a móvil de mimetizar y camuflar las antenas estaciones base, radioenlaces, dipolos sectoriales y demás infraestructuras de telecomunicaciones ante la creciente oposición vecinal a su instalación indiscriminada. Esta estrategia busca desorientar y hacer ignorar a los ciudadanos la existencia de focos de contaminación electromagnética y disminuir la preocupación social por el despliegue de las redes de telefoní­a móvil.

A esta estrategia se une también el despliegue cada vez mayor de microantenas y picocélulas establecida a bajos niveles de altura sobre las calles y que constituye una emisión muy directa sobre los peatones y los edificios cercanos. Ni siquiera se cumplen las tí­midas recomendaciones planteadas en la normativa estatal de disminución de los niveles de emisión sobre los denominados espacios o zonas sensibles (parque y jardines, centros de enseñanza, guarderí­as, geriátricos, hospitales. etc.)

Colectivos de expertos e investigadores sobre bioelectromagnetismo, firmantes de la Declaración de Alcalá han señalado que -las normativas adoptadas deben ser revisadas hasta lí­mites donde hoy encontramos posibles alteraciones a nivel celular-.

Ecologistas en Acción demanda al Gobierno actuaciones urgentes y una reforma en profundidad de la normativa estatal sobre control del espacio radioeléctrico y los niveles de emisión de las redes de telefoní­a basada en la aplicación efectiva del principio de precaución para los posibles efectos sobre la salud pública y del principio de la mí­nima radiación, la mí­nima emisión técnicamente posible.

El cambio normativo implica, también, la definición de las actividades que provocan contaminación electromagnética como actividades clasificadas y la creación de una entidad de inspección y seguimiento de las estaciones base después de su instalación; así­ como la creación de una base de datos pública como el registro de todas las estaciones base e infraestructuras de telecomunicaciones y sus emisiones radioeléctricas.