Reporteros sin Fronteras condena la intervención y pide la restitución inmediata de los servidores a Indymedia. Por otra parte, la organización ha dirigido un correo a David Blunkett, Ministro del Interior británico, con copia a sus homólogos norteamericano, italiano y suizo, pidiéndole que dé explicaciones acerca de este embargo de material. "Esta intervención compromete la responsabilidad de las autoridades británicas, ya que afecta a un portal que ejerce en su territorio. El cierre de sitios de Internet es una medida grave, cuyos motivos deben hacerse públicos imperativamente", ha declarado Reporteros sin Fronteras.

El FBI (Federal Bureau of Investigation) habrí­a pedido el embargo de los servidores a la sociedad tejana Rackspace, que alberga los sitios de Indymedia en Estados Unidos y el Reino Unido. La empresa se plegó a esa orden terminante el 7 de octubre, haciendo así­ desaparecer de la Red una veintena de publicaciones (Indymedia Nantes, Belgrado, Lieja, Italia, Brasil, Portugal, Reino Unido, etc.).

El 8 de octubre, Ed Gibson, responsable jurí­dico de la embajada norteamericana en Londres, desmintió rotundamente a Reporteros sin Fronteras que la policí­a federal norteamericana hubiera participado, de cerca o de lejos, en la intervención. Sin embargo, según las declaraciones efectuadas a la Agencia France-Presse (AFP) por el portavoz del FBI, éste ordenó el embargo de los servidores, aunque "en nombre de terceros paí­ses". Las autoridades suizas e italianas serí­an así­ las responsables de la decisión, a pesar de que no han hecho ninguna declaración oficial al respecto.

El Ministerio de Justicia norteamericano emitió la orden de embargo en el marco de un Tratado de Asistencia Judicial Mutua (MLAT) ; un acuerdo bilateral que establece una colaboración policial ampliada en lo que se refiere al terrorismo internacional, secuestros y blanqueo de dinero.

Las autoridades suizas habrí­an pedido la intervención norteamericana tras la publicación, en algunos sitios de Indymedia, de fotografí­as de dos policí­as ginebrinos encargados de identificar a los "camorristas" que participaron en las manifestaciones contra la Cumbre del G8. Por otra parte, el medio de comunicación alternativo se encontrarí­a en el punto de mira de la fiscalí­a de Boloña tras la publicación, en noviembre de 2003, de algunos mensajes muy crí­ticos relativos al compromiso militar italiano en Irak.