Los miembros del Consejo están sometidos a una intensa presión por parte de la Federación Rusa para adoptar la resolución hoy, a pesar de que el lenguaje que utiliza es tan vago y amplio que sus disposiciones vinculantes podrí­an servir para detener, procesar o extraditar fácilmente a activistas polí­ticos o de derechos humanos pací­ficos.

La organización está especialmente preocupada por que la resolución pide a los Estados que pongan en manos de la justicia o extraditen a toda persona que apoye, facilite o incluso intente participar en la planificación o preparación de acciones terroristas. Esta formulación es tan amplia que defensores de los derechos humanos o activistas polí­ticos pací­ficos pueden involuntariamente convertirse fácilmente en ví­ctimas de las medidas que propugna la resolución.

La resolución ni siquiera exige que los actos que contribuyen a "acciones terroristas", como ofrecer alojamiento sin saberlo, tengan que ser intencionales o llevados a cabo sabiendo que ayudarán a la comisión del delito. "Al recurrir a este lenguaje tan excepcionalmente amplio, la resolución exigirí­a medidas que ni siquiera permiten a las personas prever si sus actos serán o no lí­citos, un requisito básico en el derecho penal", ha dicho Amnistí­a Internacional.

La organización condena todos los ataques contra civiles, incluidos los deplorables atentados de ayer en Egipto. Los Estados tienen la obligación de tomar medidas para proteger a las personas que están bajo su jurisdicción y poner en manos de la justicia a los responsables de tales atentados. Pero estas medidas deben respetar y proteger los derechos humanos de todos los interesados.

Si bien el actual proyecto de resolución es una mejora de textos previos e incluye algunas tenues disposiciones de derechos humanos, sólo indica a los Estados que deberí­an actuar de acuerdo con sus obligaciones en virtud del derecho internacional, incluido el derecho de derechos humanos, en lugar de dejar absolutamente claro que deben hacerlo.

Amnistí­a Internacional pide al Consejo de Seguridad que:

– Incluya en la resolución un párrafo dispositivo que especifique que todas las medidas tomadas por los Estados deben ajustarse al derecho internacional, en concreto al derecho internacional de derechos humanos, de refugiados y humanitario. Es lo mí­nimo que exige la Carta de las Naciones Unidas;
– Aclare que ninguna medida puede violar de ninguna forma la prohibición absoluta de torturas y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y que la cooperación internacional para poner a los sospechosos en manos de la justicia no debe suponer ninguna relajación de las salvaguardias contra la tortura y los malos tratos, incluida la norma de no devolución;
– Defina los delitos de forma clara y estricta, que pueda entenderse claramente y evite los abusos;
– Garantice que la petición de la resolución de que las acciones se castiguen conforme a su gravedad no debe suponer un llamamiento a los Estados para que impongan la pena capital, que es una violación del derecho a la vida.