El pasado miércoles representantes de los diversos colectivos ciudadanos que se han organizado para luchar contra estos especuladores, han ofrecido una rueda de prensa para dar a conocer el documentos -convenientemente ocultado por las administraciones y la Autoridad Portuaria- en el que la Unión Europea plantea no sólo dudas sobre la legalidad del proyecto, sino que interroga al estado español sobre diversos aspectos del proyecto incompatibles con la legislación comunitaria.

Como era de esperar la noticia, que fue portada el jueves en La Opinión de Tenerife y en La Gaceta de Canarias, ha sido silenciada por los dos medios de comunicación que han editorializando desde hace muchos meses insultando y denigrando a todo el que opina en contra de ese atentado ambiental injustificable en términos económicos y sociales. Entre ellos a ecologistas, pescadores, asociaciones vecinales, investigadores o profesores universitarios como el que recientemente ha obtenido el Premio Nacional de Economí­a y Medio Ambiente, concedido por el Ministerio de Medio Ambiente, y que deberí­a representar un orgullo para todos los canarios, menos para los caciques y especuladores que nos gobiernan que nos gobiernan.

Otro escándalo más, pero que lo único que está consiguiendo es precisamente que la sociedad civil vea cada dí­a más claro la necesidad de organizarse por su cuenta. Organizarse, sobre todo, en defensa de la democracia, del derecho a opinar distinto, en defensa de la libertad de expresión, por la participación ciudadana (todos los caciques están por no hacer caso a la mayor iniciativa legislativa popular presentada nunca antes en Canarias), contra los polí­ticos que manipulan informes y ocultan información, contra los que venden o regalan a empresas privadas la propiedad pública, contra los especuladores y contra los que, alegando el interés general, están dispuestos a todo por mantener sus privilegios aprovechándose de recalificaciones a costa de nuestro entorno.