Amnistí­a Internacional lleva expresando su preocupación desde hace tiempo ante la ausencia de una legislación de asilo apropiada e integral en Italia. A pesar de que en fechas recientes el Ministerio del Interior italiano ha asegurado que actúa legí­timamente, Amnistí­a Internacional sigue muy preocupada por la aparente velocidad con que se ha expulsado a cientos de personas de Lampedusa en los últimos dí­as y la absoluta falta de transparencia en este proceso. La organización considera que los últimos intentos del gobierno italiano de hacer frente a la afluencia de emigrantes por mar corren el grave peligro de poner en entredicho el derecho fundamental a solicitar y a disfrutar de asilo, así­ como el principio de no devolución (non-refoulement), que prohí­be devolver a cualquier persona a un territorio donde esté expuesta a sufrir graves violaciones de derechos humanos.

Amnistí­a Internacional ha pedido al gobierno italiano que ponga fin a esta operación. Incumbe al gobierno italiano garantizar a todos los solicitantes de asilo el acceso a un procedimiento justo y satisfactorio. En el caso de que la afluencia de emigrantes sobrepasara la capacidad de acogida y tramitación de Italia, Amnistí­a Internacional le ha recordado que tiene la posibilidad de pedir ayuda a la comunidad internacional sobre la base del principio de distribución de cargas y responsabilidades, si bien para ello tendrí­a que seguir admitiendo a los solicitantes de asilo y refugiados en su territorio sin discriminación alguna.

Salvaguardias básicas del procedimiento como contar con la debida asistencia letrada, un servicio de interpretación competente y la oportunidad de ponerse en contacto con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y organizaciones no gubernamentales son requisitos esenciales para garantizar el acatamiento por parte de Italia de las obligaciones contenidas en las normas internacionales de derechos humanos y sobre refugiados, así­ como del principio de no devolución. Amnistí­a Internacional recomienda que el gobierno italiano facilite acceso inmediato al ACNUR a todas las personas que se enfrentan a la expulsión, a fin de garantizar protección a todas las personas que lo necesiten. Asimismo ha pedido al gobierno italiano que respete el principio de transparencia y haga previsiones para una inspección independiente de sus actos y una comunicación abierta con el ACNUR y las organizaciones no gubernamentales.

El informe de Amnistí­a Internacional titulado Libya: Time to make human rights a reality (Índice AI: MDE 19/02/2004) pone de relieve graves motivos de preocupación relacionados con la situación de los derechos humanos en Libia, paí­s que todaví­a no ha firmado la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. La organización de derechos humanos teme que algunas de las personas expulsadas de Lampedusa corran peligro, una vez en Libia, de ser devueltas a un paí­s donde podrí­an ser torturadas o recibir un trato cruel, inhumano o degradante, y señala que, aunque Libia es paí­s signatario de la Convención de la Organización de la Unidad Africana que regula los aspectos propios de los problemas de los refugiados en África, y por tanto está obligado a no devolver a nadie a un paí­s donde pueda sufrir violaciones de derechos humanos, en los últimos meses ha incumplido su obligación de proteger a las personas frente a la devolución. Ejemplo de ello son dos casos de expulsión de eritreos a su paí­s de origen en julio y agosto de 2004. Se cree que muchos de ellos se encuentran actualmente recluidos en régimen de incomunicación en una prisión clandestina, donde las condiciones son muy duras.

Amnistí­a Internacional reconoce que Libia tiene legí­timo derecho a controlar las fronteras de su territorio. No obstante, advierte que las autoridades libias han violado por sistema las garantí­as nacionales e internacionales relativas a la detención, privación de libertad y juicio, trastornando con ello la vida de cientos de opositores y presuntos opositores polí­ticos así­ como de personas migrantes y posibles solicitantes de asilo. Amnistí­a Internacional cree que los expulsados a Libia, ya sean ciudadanos libios o extranjeros, podrí­an ser detenidos por delitos que incluyen la entrada o salida ilegal "”real o supuesta"” de Libia, y teme que puedan sufrir malos tratos mientras están bajo custodia.

Amnistí­a Internacional ha pedido al gobierno libio que permita el acceso del ACNUR a las personas expulsadas a Libia desde Italia para que este organismo pueda vigilar su seguridad e informar de cualquier violación de sus derechos fundamentales, como el derecho a solicitar y disfrutar de asilo en Libia si así­ lo desean.