Tras dieciocho años de espera, los vecinos de los poblados A y B de Fuencarral se enfrentan al IVIMA ya que la errónea aplicación de un decreto les condenará a vivir en viviendas que no se adecuan a su composición familiar.
Recordemos que las viviendas de la extinta Obra Sindical del Hogar, construidas a partir de los años cincuenta y que, con la democracia pasarí­an primero al Instituto Nacional de la Vivienda y después al Instituto de la Vivienda de Madrid, experimentaron un proceso de remodelación en base al Decreto 100/86 de 22 de octubre sobre cesión en arrendamiento de las viviendas de Protección Oficial de Promoción Pública. Este proceso, que ha afectado a más de 6.000 viviendas de Madrid, casi ha concluido, salvo notorias excepciones entre las que destacan los poblados A y B de Fuencarral donde, después de 18 años de la publicación del referido decreto, casi la mitad de sus vecinos viven en casas de menos de 40 metros cuadrados, consideradas infraviviendas bajo los estándares actuales.
Algunas de las casi 400 familias que nuclean los poblados, muchas de las cuales llevan más de 40 años esperando una vivienda digna, se encuentran ahora con que el IVIMA pretende, por ejemplo, hacinar a una familia compuesta por cinco miembros en una vivienda de dos habitaciones, mientras que permite que una sola persona disponga de una casa con tres dormitorios basándose en el Decreto 195/2000 que regula la adjudicación de vivienda de protección pública y que, por tanto, no se puede aplicar a los procesos de remodelación como el que nos ocupa.
Las reuniones que, con el respaldo de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), ha mantenido la A.V. la Unión de Fuencarral con el gerente del IVIMA, Domingo Menéndez, han resultado del todo infructuosas ya que el Instituto Municipal de la Vivienda privilegia el derecho que asiste a una persona a vivir en una casa de tres dormitorios a realizar los cambios oportunos para que todas las unidades familiares ocupen una vivienda adecuada a sus necesidades. Los vecinos, por el contrario, denuncian que la aplicación del decreto 195/2000, que regula la adjudicación de vivienda pública, no es de recibo en los procesos de remodelación, ya que las familias afectadas por este proceso no optan a una vivienda pública por primera vez, sino que son adjudicatarias desde hace casi cincuenta años. En este sentido y, en caso de que las conversaciones con los responsables del IVIMA no prosperen, los vecinos estudian acudir al Defensor del Pueblo, Enrique Múgica.
Este desajuste se suma a las irregularidades, incumplimientos e ilegalidades que han sembrado el proceso de remodelación de los poblados durante 18 años.