España es uno de los paí­ses de la Unión Europea con menos inversión en polí­ticas de servicios sociales y un sistema de protección social más débil por eso el incremento del gasto social público anunciado en los Presupuestos Generales del Estado para 2005 representa un paso importante y una buena noticia para nuestros mayores, que todaví­a necesitan alcanzar la cobertura social que por derecho les pertenece.

En el Dí­a Internacional de las Personas Mayores, UGT quiere manifestar, un año más, su apoyo a este colectivo y la necesidad de seguir avanzando en una polí­tica integral que contemple medidas coordinadas entre las distintas Administraciones. Una polí­tica que supondrí­a la creación de más y mejores servicios, más puestos de trabajo y capaz de invertir lo que ocurre actualmente: el 87% de las personas mayores que precisan cuidados dependen de sus familias casi en exclusiva, frente a un 13% que cuenta con ayuda formal.

En España el porcentaje de personas mayores va en aumento, previéndose un incremento mayor en los próximos años, especialmente en los grupos de mayores de ochenta años. Este incremento de la longevidad, que la sociedad en su conjunto deberí­a considerar como aspecto positivo, además de una conquista social en el desarrollo tecnológico y médico no ha venido acompañado de una mayor protección que garantice una mayor calidad de vida en la vejez, por lo que el alargamiento de la esperanza de vida ha venido percibiéndose en los últimos años como un problema. Las tasas de dependencia van a continuar aumentado, por lo que es preciso que se tomen decisiones que eviten eludir la responsabilidad pública. Estamos en un momento crucial en el que se empieza a vislumbrar una polí­tica, en nuestro paí­s, que atienda a nuestros mayores. Desde UGT consideramos totalmente necesario que el planteamiento de estas polí­ticas de intervención se planteen desde un conjunto integral, a través de medidas coordinadas entre las distintas Administraciones que garanticen tanto el bienestar fí­sico como económico de nuestros mayores.

España es en la actualidad uno de los paí­ses de la Unión Europea con mayores desigualdades sociales, con un sistema de protección social más débil y con menos inversión en polí­ticas de servicios sociales, por lo que desde UGT hemos acogido favorablemente el futuro incremento del gasto social público, anunciado por parte del Gobierno en la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005. Para nuestro Sindicato, el objetivo de incrementar el gasto social, obedece a razones de justicia y solidaridad hacia las personas en estado de necesidad.

Desde el inicio de la nueva legislatura, el Gobierno Socialista ha anunciado, en varias ocasiones, su voluntad de regular, a través de una ley de protección a la dependencia que garantice una cobertura universal, la situación en la que diariamente se ven inmersos nuestros mayores. Regulación que acogemos favorablemente en la medida en la que venga aparejada de un incremento y desarrollo de los servicios sociales, que necesariamente han de ser personalizados y plurales. No sólo se trata de ofertar mayor cantidad de servicios, sino de dotarles de una calidad que, en la mayorí­a de los casos, es escasa, a la vez que una especialización y formación de los profesionales encargados de atender estas necesidades. Además la creación de más y mejores servicios supondrí­a la creación de más puestos de trabajo, con el consiguiente beneficio para nuestra economí­a.

No obstante, es imprescindible que se inicie el Sistema Nacional de la Dependencia, con una primera aportación de mil millones de euros, tal como tiene comprometido el Gobierno en su Programa Electoral.

Por otra parte, UGT entiende que la atención a la Dependencia debe considerarse un derecho universal y subjetivo, y dentro del ámbito de la Seguridad Social (aunque sus servicios se ejecuten por la Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos), mediante una red que provea cuidados para la vida diaria y la atención sociosanitaria

El establecimiento de una buena red de servicios sociales (ayuda a domicilio, atención en residencias y servicios sociales intermedios, centros de dí­a) es esencial para evitar que la atención de las personas mayores, como a las personas dependientes, recaiga de forma exclusiva en las familias, tal y como viene ocurriendo actualmente (tan sólo el 13% de los mayores que precisan cuidados lo hacen a través de la ayuda formal, recayendo el 87% restante en las familias, principalmente en las parejas e hijos).