Los últimos datos sobre la evolución de los casos de VIH/SIDA son enormemente esperanzadores en España. En los últimos 5 años, los nuevos casos disminuyeron un 61%. Los avances médicos, debido fundamentalmente a los tratamientos antirretrovirales, han supuesto el aumento de la esperanza de vida de los afectados por la enfermedad. Pero, estas mejoras sanitarias no han sido acompañadas por el cambio de expectativas sobre la mejora de las condiciones sociales y laborales de estas personas.

Los prejuicios existentes en la sociedad sobre esta enfermedad son extrapolables al ámbito laboral, generando un clima de desconfianza y rechazo al trabajador por miedo al riesgo de contagio. A pesar de la reiteración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) de que los centros de trabajo no son lugares de riesgo, ya que las únicas prácticas consideradas de riesgo para la transmisión son completamente ajenas a la relación laboral, se siguen manteniendo los estereotipos y siguen produciéndose actuaciones empresariales totalmente discriminatorias e ilegales que atentan contra los derechos de los trabajadores.

La exclusión económica de las personas afectadas no se ve en absoluto paliada con los mecanismos de protección social. Desde la aplicación del R.D. 1971/99 de 23 de Diciembre, de valoración de las minusvalí­as, se dificulta la accesibilidad a ayudas económicas, suponiendo la pérdida de pensión, único medio de subsistencia para el 90% de este colectivo.

De esta forma, con el endurecimiento de los criterios de valoración de minusvalí­as de las personas seropositivas y/o enfermas de SIDA, el 35% de los minusválidos por VIH que percibí­an la pensión no contributiva de 40.000 pesetas han dejado de percibirla, esto, unido a las dificultades para acceder a un empleo, está imposibilitando el acceso a cualquier tipo de renta a estas personas, abocando a este colectivo a la total exclusión social y económica.

La lectura positiva que nos permitirí­an los avances sanitarios con respecto a esta enfermedad se ve, por lo tanto, oscurecida por el tratamiento social y económico infligido a estas personas, de tal forma que muchos de los afectados no están angustiados por su estado de salud, sino por su supervivencia.

Para UGT, es necesario eliminar los prejuicios existentes, considerar el VIH/SIDA como una cuestión estrictamente sanitaria, y por lo tanto tratada como una enfermedad común de carácter crónico, que no debe repercutir negativamente sobre las condiciones de trabajo. Por lo que los trabajadores afectados, deben ser tratados como cualquier otro trabajador enfermo, con los mismos derechos y obligaciones.

Asimismo, consideramos necesario eliminar los aspectos restrictivos de las legislación, que no está teniendo en cuenta los factores psicosociales fundamentales para las personas seropositivas y/o enfermas de SIDA, garantizando así­ su derecho a la protección social.